“Los bolsillos de los gobernantes han de ser de cristal”. Enrique Tierno Galván.

Datos. No descubro nada si digo que los ciudadanos tienen la percepción de que la corrupción anida en la vida pública, de que el dinero de todos es derrochado, de que familiares y amigos de los gobernantes disfrutan de privilegios que la mayoría no. El último barómetro de corrupción elaborado por Transperency International sitúa a los partidos políticos como el sector más corrupto para el ciudadano y, de hecho, según dicho informe, nada menos que ocho de cada diez personas consideran a los partidos políticos como corruptos o muy corruptos y, lo que es más grave, dice que la corrupción ha podido aumentar con la crisis.

Nuestros políticos lo saben y sus expertos asesores predicen que el voto sumará para aquél que mejor ligue la gestión de su sigla con la transparencia y traslade la idea de una administración con bolsillos de cristal, para lo cual nada mejor que aprobar leyes sobre transparencia que obliguen a informar permanentemente a los ciudadanos sobre todo aquello relativo a la gestión pública y, llegados a este punto, te preguntas por qué no siempre fue así, por qué un instrumento de lógico control de gestión pública hoy se convierte en otro en forma de gancho electoral cuando de lógica es que todos conozcamos al detalle y al céntimo qué se hace con el dinero de nuestros impuestos y, sentencio, cuando la lógica no ha imperado, algo oscuro se esconde.

El Consejo de Ministros y el de Gobierno andaluz se han afanado en una carrera para aprobar un Proyecto de Ley de Transparencia y lo han hecho en la idea de ver quién llega antes a meta, pero tanto uno como otro van tarde; en Europa todos los Estados de más de un millón de habitantes cuentan hace mucho con este tipo de Ley y en el mundo ya existen 93 que la disfrutan. No es, por tanto, nada nuevo.

El 27 de julio del año pasado el Consejo de Ministros aprobó el Proyecto de Ley e Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno -actualmente en tramitación parlamentaria- y, por su parte, el Consejo de Gobierno de Andalucía, en sesión celebrada el 4 de junio de 2013, aprobó el Anteproyecto de Ley de Transparencia Pública que se someterá a un periodo de información pública durante el cual los ciudadanos pueden formular alegaciones, lo cual me ha llevado, cual friki de todo esto, a leer ambos textos, compararlos con los más valorados de Europa, recabar, de darse el caso, la opinión de los visitantes de mi jardín para que aporten lo que entiendan, plantear mi escrito de sugerencias para, como ciudadano que normalmente soy, darle forma oficial después al objeto de elevarlo como alegación personal para ver qué pasa y, claro está, retransmitirlo después por aquí en directo –cada uno elige sus hobbys y este es divertido y mío, ¿o no?-. En consecuencia…

A los Consejos de Ministro y de Gobierno. Dejando a un lado los orgullos de la sangre, hay que preguntarse para qué nos va a servir una Ley autonómica que lejos de desarrollar y ampliar la futura Ley de carácter Básico estatal es, en algunos aspectos, más limitada y restrictiva. Lo deseable sería que nuestra Ley andaluza subsanara las carencias de la estatal, que son varias, sobre todo si la comparamos con la de otros Estados. De entrada, los dos proyectos orientan la transparencia hacia la publicidad de la información administrativa y de gestión económica y el acceso de los ciudadanos a los documentos, lo cual aporta poca novedad puesto que ya contamos con diversas Leyes que establecen estas obligaciones en su respectivo ámbito, como ejemplo la materia de contratos, de subvenciones o la misma Ley de Autonomía Local. De cualquier modo, se puede aceptar la ventaja que supone relacionarlas juntas en un solo texto -con el del Estado bastaba- y la ampliación a algunos extremos y detalles que hasta ahora no se facilitaban, como pueda ser la de los contratos menores, figura demasiado utilizada por todas las administraciones y que son contrataciones de servicios y suministros sin procedimiento alguno.  Aunque, por el contrario, se echa en falta cosas como la publicación de los informes de los órganos de fiscalización interna porque, no nos engañemos, los ciudadanos hoy quieren saberlo todo, de hecho parece que vamos a seguir sin que sea de obligado cumplimiento la publicación de las retribuciones de los miembros del Gobierno, del Parlamento y de todas las Instituciones Públicas por todos y cada uno de los cargos que estén compatibilizando, las dietas y las aportaciones en especie que reciben, los gastos domésticos de las residencias oficiales, el consumo de teléfono, los viajes y coches oficiales y su coste, los regímenes especiales de tarifas reducidas de servicios o cualquier otro beneficio que disfruten por razón del cargo; el importe y duración de las pensiones que una vez dejado el cargo perciban y sus beneficiarios, el régimen de seguridad social que se les aplica y, seguro, se me pasan más cosas. De todo esto ninguno de los dos Proyectos de Ley dice absolutamente nada. También los ciudadanos, intuyo y me erijo aquí en portavoz sin mérito a merecerlo, quieren saber la financiación de los partidos y, por añadidura, de los sindicatos y todos sus gastos, no vale que el proyecto autonómico supedite esta información a “futuras disposiciones de desarrollo de la Ley”. Del mismo modo, se echa en falta la obligación de publicación de los beneficiarios de los fondos recaudados por IRPF que los contribuyentes decidimos marcar con una x a los organismos sociales o a la Iglesia. Mientras esta información no sea transparente para el ciudadano, nuestra democracia seguirá siendo débil por mucho que conozcamos con detalle las “principales partidas de los presupuestos” públicos o los convenios suscritos. Pero aún el asunto arroja más dudas porque ninguno de los dos textos contempla un régimen sancionador para aquellos responsables de la cosa pública que no publiquen alguna de las informaciones que, al menos, la Ley obliga, lo cual hace que planee la sospecha sobre la efectividad del estricto cumplimiento de las obligaciones de transparencia. Y no es que haya que inventar nada, sólo hay que copiar las infracciones y sanciones que contemplan las Leyes de Transparencia de Serbia o Reino Unido, entre otras. Aquí no hay sanción prevista.

En lo que respecta al derecho de los ciudadanos al acceso a la información que obra en poder de las Entidades Públicas, los doce motivos que podrán justificar su denegación, que establece el proyecto estatal y a los que el andaluz se remite, pueden ser utilizados con demasiada soltura -por citar un ejemplo, si solicitamos alguna información de contenido económico pueden denegárnosla alegando que forma parte de la política económica, y aún me deja más bloqueado si pienso que ante cualquier petición de información pueden denegarla en base a que se encuentra en proceso de toma de decisión-. Y si el principio general que vienen imponiendo desde diversas directivas europeas es el silencio administrativo positivo, me sorprende que ante la callada por respuesta que den a una solicitud de información la Ley diga que debemos entenderlo en sentido negativo. Y si recurrimos, y siguen sin molestarse en responder, el silencio también deberá entenderse como una desestimación. Y, claro, aquí tampoco se prevé ningún tipo de infracción ni sanción, con lo que en este campo no se avanza nada.

Otro bloque de normas que contiene el proyecto estatal son las llamadas de Buen Gobierno, código ético dirigido a los miembros del Gobierno Central y sus altos cargos, así como a estos últimos de las administraciones autonómicas y locales, pero curiosamente no mencionan a los miembros de los gobiernos autonómicos y locales; esta omisión debería haber sido subsanada por la Ley andaluza y que regulase lo mismo para su aplicación a los miembros de estos gobiernos, pero no lo hace y deja que la responsabilidad a modo de sanción recaiga en el alto cargo y no en el político.

También me llama la atención que detallando, la Ley estatal, un listado bastante acertado de infracciones y sanciones, en general relativos a incumplimientos de obligaciones éticas que ya venían siendo impuestas por otras leyes, la tramitación del procedimiento sancionador compete a la misma administración incumplidora –esto es de nota-, lo cual se presenta complicado de digerir: o te castigas a ti mismo o se espera a que cambie el gobierno y el signo político de éste y, desde la posible subjetividad, se gradúe la sanción.

La traca final. Y dejo para el final la parte del texto autonómico que me deja realmente helado y me explico: el proyecto de nuestra comunidad dice que se constituirá una Comisión General de Viceconsejeros y Viceconsejeras que actuarán asistidos por un Comité Técnico, que a su vez contará con una secretaría y que actuarán de soporte a cada una de las diez Unidades de Transparencia -una por Consejería- y, como éramos pocos y la abuela debió parir, en cada Consejería se creará también una Comisión de Transparencia, o sea diez comisiones más. Pero como establecer las directrices, coordinar e impulsar la aplicación de esta Ley debe dar muchísimo trabajo, además se creará la Agencia de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, con un director nombrado a dedo por el Parlamento de Andalucía por cinco años -más tiempo que la duración del mandato de quien le nombra- y, para que este nuevo alto cargo no se encuentre sólo, le acompañará un equipo de un mínimo de diez y un máximo de quince miembros; no olvidemos que el comité, las diez unidades, las diez comisiones son términos que intrínsecamente implican más de un miembro, sumando y sumando, más las secretarias y personal de oficina, estamos hablando, me salen, de en torno a cien personas y solo para que seamos relativamente transparentes. O relativamente opacos, según se vea.

Ojalá me equivoque, pero concluyo en lo siguiente: estas leyes de transparencia tienen más peso electoral que otra cosa y se dinamizan ahora ante la que cae y, casualmente, a dos años de que se inicie de nuevo el ciclo de urnas; se quedan muy cortas porque debería ser público y publicado con fácil acceso para todos cada céntimo de gasto y en toda materia y orden, sin excepción, sin barreras, sin zonas ocultas, sin trampas, con un régimen sancionador claro y estricto tanto como al que a usted, sufrido ciudadano, le aplican cuando no cumple, y desde luego ejecutarlo con el personal existente, protegido por Ley y que actúe con rigor, y a coste cero añadido porque no debería ser necesario que paguemos un extra por hacer transparente algo que de por sí debería serlo como es la administración pública. Nos olvidaríamos, a cambio, de estos años negros donde, se reconoce ahora, no hubo nada de transparencia, que ya caer en esa cuenta resulta demoledor. En definitiva, más bolsillos de cristal y menos con ese doble fondo por donde hoy, entiendo, se ha extraviado parte de este sistema tan social como permisivo con el delito y con la infracción pública.