“El Estado, para ser democrático, ha de apoyarse en municipios libres”. Exposición de Motivos del Estatuto Municipal de 1924.
Aún teniendo deudas pendientes con el entorno porque la actualidad política interna no cesa, sobre todo aquella que está oculta y que es la que más nos gusta, debo tomar aire para no hacerme pesado, para cambiar el tercio a quien a bien tiene pasear por las lindes de este mi suelo, para abonar el cultivo con hidratos nutritivos, para, en definitiva, aportar granos que hagan mejor playa. Por ello hoy aparco rencillas políticas para centrarme en la tan traída y llevada reforma local por si pudiera resultar de interés e intentaré, en lo posible, acercarla a un ayuntamiento como el de Jerez por ser éste especialmente conflictivo y por gobernar a la ciudad más poblada de la provincia. Pero antes, apunte: siendo como soy más dado a las sombras que a las luces, agradecido quedo no obstante ante los variados reconocimientos que le dedicaron a este humilde individuo de la tecla en la pasada gala aniversario de esta mi casa. Mucha gente a la que quiero y respeto junta, revuelta, como flores únicas que despiden color y aroma a este espacio común que es Cádiz, Andalucía.
Lo que iba a ser y no será. Parece que la tan traída y llevada reforma local, con unos 12 borradores de anteproyectos, por fin se encuentra en manos del Congreso tras haber cerrado el Gobierno el proyecto de Ley el pasado mes de julio. De entrada, lo primero que me asalta a la memoria son las palabras de Rajoy cuando el 11 de julio de 2012 presentó medidas muy efectistas para la opinión pública, reclamante de duros ajustes en el sector público y, sobre todo, en el sistema político. Y ahora, con el proyecto de Ley en la mano, las busco con ahínco y, sorpresa, no las encuentro. Indago, recordarán, dónde se encuentra la reducción del 30 por ciento de los concejales, que eliminaría a 20.539 de los 68.462 que actualmente existen y que, por ahora, van a seguir existiendo; busco, infructuosamente, la supresión de las 3.725 entidades locales menores -entidades locales autónomas o pedanías- que existen en España -la futura Ley elimina la posibilidad de crear nuevas, pero mantiene las hoy existentes-, me canso de bucear en el texto intentando encontrar la drástica reducción de empresas y fundaciones locales y sólo encuentro que no se podrá crear ninguna nueva y que las actuales se disolverán si a 31 de diciembre de 2014 han tenido pérdidas durante dos años consecutivos. Me pregunto, pues, ¿por qué se han caído estas medidas anunciadas hace un año como decisiones tomadas, mediante las cuales incluso se aventuraron a cuantificar un ahorro de 3.500 millones de euros? Y me respondo, con impotencia, que una vez más los intereses políticos están por encima del interés general. En el caso de ayuntamientos como el de Jerez, una vez documentado porque públicos son estos datos, estas tres medidas habrían tenido un considerable impacto: de 27 concejales se quedarían en 19, las 7 pedanías o ELAS se suprimirían -Jerez es el municipio andaluz con más entidades de este tipo-, y el gran holding municipal conformado por ocho sociedades municipales, un organismo autónomo, tres sociedades mixtas y tres fundaciones, las mayorías deficitarias, habrían sido objeto de un duro saneamiento con la eliminación de varias y la refundición de otras, por imperativo legal. No será así.
Un campo sin vallar. Desde hace unos años tenemos claro que la causa fundamental de la situación deficitaria de los ayuntamientos es la asunción de competencias que corresponden a la comunidad autónoma e, incluso, al Estado, unas veces por suplir su ausencia o la deficiente calidad y otras por un afán electoralista de ofrecer a la ciudadanía un elenco de actuaciones, servicios e inversiones, sin solución de continuidad. Se ha hablado mucho que la futura reforma iba a solucionar este tema y parece que incluye cambios normativos orientados a ello, pero, con el escepticismo enorme que me produce el papel mojado en el que se han convertido algunas normas, confieso que miro con cierto recelo lo dispuesto en este proyecto y aplico el refrán de “quien hace la Ley, hace la trampa”. Parece que queda claro que algunas competencias que los ayuntamientos vienen asumiendo se declaran expresamente como autonómicas o estatales, en especial materias como vigilancia y control de la contaminación ambiental, protección del medio natural, prestación de los servicios sociales, promoción de la igualdad de oportunidades, prevención de la violencia contra la mujer y la promoción, gestión turística, inspección y control sanitario de mataderos, de industrias alimentarias y bebidas, pudiendo ser delegadas en los ayuntamientos, manteniendo su control y dirección y garantizando su financiación. En el caso del ayuntamiento de Jerez, todas estas competencias se vienen asumiendo, siendo su presupuesto alrededor de once millones de euros -según el aprobado para 2013-. Se presenta, por tanto, una gran duda: la administración autonómica o estatal, titular de estos servicios, ¿van a hacer suyo al personal y a todos los gastos de funcionamiento? Me temo que no va a ser así porque no tienen porqué aceptar el volumen de gasto derivado de la dimensión que el ayuntamiento le ha querido dar, o las cuantías retributivas por una RPT y convenio en los que esas administraciones no han tenido nada que ver, o los costes de los servicios que, probablemente, son más elevados que los que esas administraciones están dispuestas a financiar. Y si no hacen suyo al personal, ¿qué futuro les espera? Aún más incógnitas provoca otras competencias como las de empleo o desarrollo económico, en ningún caso municipales, de las que ni se contempla, expresamente, la posibilidad de delegación y que en Jerez se vienen desarrollando por el antiguo Instituto de Promoción de la Ciudad y, desde su extinción, por el área municipal de Impulso Económico. Estas competencias suponen, en el presupuesto municipal, un importe aproximado de un millón de euros, con 70 empleados municipales adscritos.
El control y tutela, ¿qué hay de la autonomía local? La Constitución de 1978 garantiza la autonomía de los municipios, principio grabado a fuego en los profundamente municipalistas, que ya hace tiempo vienen criticando que para las administraciones autonómicas y, sobre todo, para el Estado, los ayuntamientos son tratados como menores de edad que están necesitados de tutela. Lo cierto es que el foco acusatorio del déficit del sector público se ha centrado en las corporaciones locales, en muchos casos con razón y en otros sin ella. Para atajarlo, el Gobierno plantea una serie de mecanismos de control y tutela del gasto público local, orientado a dimensionar convenientemente el coste efectivo de los servicios, prohibiendo la constitución de nuevas sociedades y las aportaciones de capital o adquisición de empresas, imponiendo sanciones concretas por el incumplimiento de remisión de información al Estado –ojo con ello, porque en el ayuntamiento de Jerez la liquidación del presupuesto del ejercicio anterior se viene aprobando con un retraso de varios meses, lo que en un futuro provocará retenciones de la PIE-. Pero aún más preocupante debe ser para los gobiernos municipales las medidas a adoptar en caso de incumplimiento de las normas de estabilidad presupuestaria -en Jerez en 2012 se alcanzó un déficit de 54 millones- entre dichas medidas: la supresión de toda competencia que no sea municipal y se ejerza por delegación, intervención de la Diputación en la gestión de los servicios municipales, disolución de las entidades locales menores -ELAS- e, incluso, una propuesta de fusión con otro municipio colindante. Esto último supongo que se plantea como brindis al sol, porque no imagino yo a municipios como Jerez fusionándose con El Puerto o Arcos, aunque en la norma queda.
Estos son algunos apuntes sobre la reforma local que se avecina, que tiene más calado pero que, con lo apuntado, se puede ver si es la que necesitan los ayuntamientos, si es imprescindible limitar su autonomía, si, con ella, se acabarán los males que aquejan a las administraciones locales desde su creación o si el esfuerzo será en vano y más valdría una reforma global de todos los niveles de administraciones públicas, eliminando incluso algunos y reforzando, en todos los sentidos, los municipios como administración básica territorial más cercana al ciudadano.
Me queda, en todo caso y como conclusión, un sabor de boca a desazón, una sensación general de que vocalizando somos geniales, pero ejecutando después destacamos por ser frágiles de memoria sobre lo políticamente prometido; seguimos siendo incapaces de reformarnos aplicando las medidas de verdad necesarias para solidificar cimientos sobre los que construir futuro. Lo vemos a diario. Se anuncian cosas, se juega con la memoria pez colectiva para, al final, aprobar algo que no se parece en nada a lo primero y que seguramente ni se aplique, eso sí lamentando durante el trayecto el descrédito general que sufre el verbo político. Muy poco germánicos en eso, latinos. Europa nos ha financiado con mucho dinero durante años y, según la prensa y la justicia, en vez de invertirlo en desarrollo, industrias e infraestructuras para generar empleo y riqueza lo hemos gastado, entre otras presuntas irregularidades, en mantener un sistema basado en subvencionar el modelo social y, aún sabiéndolo, somos incapaces de dar marcha atrás reorientando los sistemas públicos y políticos. El buen alemán, ese para el que el trabajo, la austeridad y el respecto a los bienes comunes son sagrados, nos mira y debe preguntarse por qué narices invierte su dinero en un sitio como este. Supongo.
Pd. Y hablando del sitio, añado. No puede ser verdad que el ayuntamiento de Jerez vaya a contratar a un gabinete jurídico externo para que informe, ya que internamente nadie lo quiere hacer, sobre el nuevo convenio colectivo. Diría yo que de ser así no es muy alemán el hecho.
