La dirección general de urbanismo de la Junta de Andalucía ha solicitado al Ayuntamiento que le remita las resoluciones que ordenan la reposición de la realidad física alterada, o se la demolición, en los expedientes incoados por usurpaciones y construcciones ilegales en el Sistema General de Espacios Libres (SGEL) del Coto de la Isleta, según informa Ecologistas en Acción.

Recuerdan que presentaron, en febrero de 2010, sendas denuncias ante el Ayuntamiento y ante la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio por la usurpación de varias parcelas en este parque público y en las que existen de forma ilegal cultivos, instalaciones ganaderas e, incluso, varias viviendas. La superficie ilegalmente usurpada asciende a 135.000 metros cuadrados, lo que supone el 13,6% de la superficie total del SGEL. Incomprensiblemente el Ayuntamiento, propietario de estos terrenos, no ha hecho nada por recuperarlos y eliminar las construcciones ilegales.

La anterior edil de Urbanismo, Patricia Ybarra, tardó un año en iniciar los doce expedientes de protección de la legalidad que deberían culminar con la orden de demolición de lo ilegalmente construido y devolver los terrenos a su legítimo propietario, según destacan.

"Pero como viene siendo habitual, la apertura de estos expedientes es mera formalidad para no incurrir en un delito de prevaricación, y nunca se ejecutan las resoluciones de demolición. Más aún, desde el Ayuntamiento se suele dar garantía a los infractores -en algunos casos presuntos delincuentes-, de que no se va a derribar nada y se incluye en las notificaciones de apertura de los expedientes los nombres y apellidos de los ecologistas que firman las denuncias, lo que además de ser una cobardía, vulnera las normas de protección de datos".

Ahora la Junta de Andalucía, consciente de esta realidad al haber sido informada por Ecologistas en Acción, pide no sólo la notificación de apertura de expedientes de protección de la legalidad, sino su resolución y ejecución, así como la obligatoria apertura de los expedientes sancionadores que debe conllevar multas coercitivas del 10% mensual del valor de lo ilegalmente construido, cosa que no se ha hecho por parte del Ayuntamiento, lo que demuestra su clara connivencia con los infractores y delincuentes urbanísticos.

Ecologistas en Acción exige al Ayuntamiento que se agilice la aplicación de las normas de disciplina urbanística, que se desaloje a los usurpadores de estos terrenos públicos, que se proceda a la demolición de la totalidad de las edificaciones ilegales, que se restituyan estos terrenos al SGEL del Coto de la Isleta, y que se pongan estos hechos en conocimiento de la Fiscalía.

En caso contrario, será Ecologistas en Acción la que ponga este caso en conocimiento de la Fiscalía, denunciando a los usurpadores pero también a los responsables municipales, pues no solo es una burla a la legalidad, sino que supone una nueva llamada a seguir construyendo de forma ilegal, fenómeno que ha ocasionado un enorme daño a nuestro municipio.