El Congreso ha aprobado hoy con 316 votos a favor y 5 en contra (entre ellos dos socialistas, uno por error), la reforma de la Constitución que establece una regla presupuestaria, en un pleno con un 10 por ciento de diputados ausentes y en el que IU ha impedido debatir dos enmiendas transaccionales de CiU.

Han votado a favor los diputados del PSOE presentes en el hemiciclo (excepto Antonio Gutiérrez y José Manuel Bar Cendón, aunque este último se ha equivocado), el PP y UPN, mientras que se han manifestado en contra los dos diputados de Coalición Canaria y la líder de UPyD, Rosa Díez.

De forma inusual, los diputados de ERC, ICV, BNG y NaBai han abandonado el salón de plenos al llegar la hora de la votación, en la que más de tres quintos de la Cámara han ratificado la reforma del artículo 135 de la Constitución, que ahora pasa al Senado.

La oposición del diputado de IU, Gaspar Llamazares, a aceptar dos enmiendas transaccionales pactadas por PSOE y PP con CiU para conseguir al menos la abstención de los nacionalistas catalanes ha hecho que, finalmente, no se haya aprobado ninguna enmienda.

En cualquier caso, y tal y como ya hizo el pasado lunes en la toma en consideración, CiU ya había optado por no participar en la votación, postura que hoy también ha sido secundada por el PNV y por el propio Llamazares.

Otros tres diputados del PSOE han decidido ausentarse del hemiciclo -José Antonio Pérez Tapias, Manuel de la Rocha y Juan Antonio Barrio de Penagos- en disconformidad con el contenido de la reforma.

El texto sale del Congreso tal y como entró, con la única excepción de una matización sugerida por el presidente del Congreso, José Bono, que ha sido aceptada por unanimidad por la Cámara, y es que el párrafo tercero del artículo 135.3 pasa de ser "... en relación al PIB del Estado" a "... con relación al PIB del Estado".

Una "enmienda" que Bono ha consultado incluso con la Real Academia de la Lengua.

Con esta reforma, que el próximo día 7 será debatida en el Senado, se consagra en la Carta Magna una regla presupuestaria que afecta a todas las administraciones públicas.

Una vez que se apruebe, los parlamentarios tendrán quince días de plazo para intentar que se convoque un referéndum, aunque para ello tienen que conseguir el apoyo del 10 por ciento de los diputados o de los senadores.