El catedrático de Derecho Constitucional Francesc de Carreras, uno de los expertos que trabaja en la propuesta de reforma de la Carta Magna que prepara Ciudadanos, ve "loable" la propuesta de reforma del Tribunal Constitucional que este martes el PP puso sobre la mesa para multar e incluso suspender a los funcionarios y gobernantes que no cumpliesen sus sentencias y resoluciones. Aunque cree que llega tarde, reconoce que su aprobación "tranquiliza por lo que pueda venir".

   En un artículo publicado en el diario El País, recogido por Europa Press, De Carreras sostiene que el legislador debe "poner todos los medios" para asegurar que las sentencias del Tribunal Constitucional se cumplan. "La proposición de ley depositada en el Congreso tiene esta finalidad, no solo legítima sino loable", felicita.

   El catedrático de Derecho Constitucional ha manifestado su proximidad a Ciudadanos durante los últimos años y lidera, junto a Francisco Sosa Wagner, el grupo de expertos que trabaja en una propuesta de reforma de la Constitución que Albert Rivera quiere presentar el próximo mes de octubre.

   Su defensa de la iniciativa presentada por el PP para reformar el Tribunal Constitucional contrasta con la postura manifestada este martes por Rivera, quien criticó a los 'populares' por haber esperado toda la legislatura para presentarla y sostuvo que ya se disponen de medios para garantizar el cumplimiento de las sentencias judiciales, pero el Gobierno no ha querido aplicarlos

   Sin embargo, De Carreras considera que el Tribunal Constitucional se encuentra "muy indefenso" para hacer cumplir sus disposiciones y establecer un mecanismo para hacerlo posible "no parece que tenga visos de inconstitucionalidad mientras el procedimiento sancionatorio establecido tenga las garantías suficientes".

   A su juicio, la propuesta del PP --de la que reconoce haber hecho "una lectura apresurada"-- cumpliría estas garantías, aunque durante la tramitación parlamentaria se podrían "afinar más las cautelas establecidas".

   De Carreras también apoya la tramitación de la proposición mediante el procedimiento de urgencia, necesario si se quiere que la ley se apruebe antes de que finalice la legislatura. Además, cree que recurrir a él es "constitucionalmente legítimo", ya que está previsto "precisamente para casos como este".

ACTO DE PROPAGANDA OPORTUNISTA

   De lo el derecho de catedrático Constitucional no tiene dudas es de que se trata de "un acto de propaganda, oportunista si se quiere", aunque "sentará bien a unos y mal a otros". "Lo fundamental, sin embargo, es que si esta proposición se aprueba, la ejecución de las resoluciones del TC está mejor asegurada, lo cual tranquiliza por lo que pueda venir", celebra.

   En todo caso, reconoce que "lo que no se entiende" es por qué no se había previsto antes este procedimiento. En este punto sí coincide con Rivera, que este martes acusó al Gobierno de Mariano Rajoy de haber dejado pasar toda la legislatura sin hacer nada para obligar a la Generalitat de Cataluña a cumplir las sentencias.