El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha defendido el proyecto de ley de víctimas de abusos policiales, al considerar que atender a este colectivo de damnificados, "que existen y no están reconocidos", resulta un "imperativo ético y democrático". Urkullu ha afirmado que la ley no vulnera la Constitución, algo que ha sido cuestionado por el Gobierno central, y ha rechazado que su aprobación "equipare" unas y otras violencias.
El pleno del Parlamento vasco debate este viernes las enmiendas de totalidad presentadas por el PP y UPyD al 'Proyecto de Ley de reconocimiento y reparación de víctimas de vulneraciones de derechos humanos causadas por actuaciones de represión ilícita entre 1978 y 1999', que incluye a los damnificados por excesos de las fuerzas policiales.
Este texto sigue las pautas generales de un decreto aprobado en 2012 por el Ejecutivo vasco del PSE-EE, que regulaba las ayudas económicas y otras formas de reparación para las víctimas de abusos cometidos por las fuerzas policiales en el contexto de la lucha antiterrorista, aunque en aquel caso abarcaba únicamente hasta 1978.
En su intervención de este viernes, el lehendakari ha subrayado que la necesidad de esta ley "viene determinada por la existencia constatable" de este tipo de víctimas, sobre las que ha recordado que "no han sido reconocidas ni reparadas hasta el momento".
Además, ha recordado que la aprobación de este proyecto responde a distintos mandatos del Parlamento. Entre otros antecedentes, ha recordado que la Cámara, con los votos favorables de PNV, EH Bildu, PSE-EE y PP, aprobó una resolución el 11 de junio de 2015 en la que instaba al Gobierno vasco a dar pasos en este ámbito.
En concreto, aquella resolución solicitaba al Ejecutivo que continuara desarrollando "las políticas de reconocimiento y reparación a las víctimas de violaciones de derechos humanos provocadas por abuso de poder o uso ilegítimo de la violencia policial".
"Es imperativo ético y democrático crear un instrumento para el reconocimiento de estas víctimas, que existen, tienen derecho a la verdad, justicia y reparación y no han sido reconocidas por la legislación vigente", ha añadido.
LASA Y ZABALA
El lehendakari ha citado casos como el de Mikel Zabalza, hallado muerto en 1985 en el río Bidasoa (Gipuzkoa), o José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala, asesinados y enterrados en cal viva por guardias civiles, en un atentado de los GAL por el que el Tribunal Supremo condenó, entre otros, al general de la Guardia Civil Enrique Rodríguez Galindo.
También se ha referido al caso del matrimonio formado por Maria Ángeles Barandiaran y Victoriano Agiriano, que murieron por disparos de la Policía Nacional en un control de tráfico en Vitoria. Urkullu ha mencionado, igualmente, la muerte de Gladis del Estal, fallecida en 1979 por disparos de la Guardia Civil durante una protesta antimilitarista y antinuclear en Navarra.
"ANOMALÍAS"
"Estas víctimas existen y no están reconocidas. Nuestra obligación es subsanar esta anomalía", ha asegurado Urkullu, quien ha defendido la constitucionalidad de este proyecto de ley, la cual ha sido cuestionada en un informe emitido por el Ministerio del Interior.
El presidente del Gobierno vasco ha defendido la acabar con la "desigualdad" en la atención a todas las víctimas. Además, ha subrayado que esto no implica "justificación o legitimación" de ninguna forma de violencia, ni ha de entenderse como una forma de alimentar la llamada "teoría del conflicto" ni de los "bandos enfrentados".
"No cabe la equiparación de unas violencias con otras, ni la compensación de unas víctimas con otras. Tampoco cabe diluir o minimizar la gravedad de unas violaciones de derechos humanos respecto a otras", ha añadido.
Urkullu ha explicado que la ley pretende dotar de "seguridad jurídica" a las medidas de reparación de este colectivo de damnificados, y ha asegurado que se trata de un texto "necesario para la construcción de una memoria crítica del pasado y la normalización de la convivencia futura".
