Imputan a Trapero "un plan premeditado" para evitar actuar el 1-O

La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha imputado un nuevo delito de sedición al mayor de los Mossos d'Esquadra Josep Lluis Trapero en relación al 1-O, al considerar que tenía "un plan premeditado para evitar actuar" en el operativo con el que se trató de impedir el referéndum en Cataluña.

Para la juez, "la actuación de los Mossos el día 1 de octubre fue dirigida a obstruir cualquier actuación que bloquease el plan estratégico hacia la independencia" y por eso "la policía autonómica también fue utilizada para controlar las acciones" de las otras Policías el 1-O.

Con esa finalidad, continúa Lamela en su auto, se diseñó ese "plan premeditado", "que procedía de la cúpula policial de Mossos d'Esquadra, cúpula comandada por Josep Lluis Trapero y en conexión directa con los miembros del comité estratégico", que encabezaba el expresidente catalán Carles Puigdemont.

Resalta que hasta las seis de la mañana del 1-O los Mossos "no hicieron nada para desalojar los colegios" y no adoptaron medidas para evitar que horas antes fueran ocupados por los ciudadanos.

Además, "se diseñó un sistema de comunicación entre los agentes" y "sus mandos superiores que supuso una ralentización de las comunicaciones, lo que produjo, aún más si cabe, una ineficacia en la actuación".

Ante estas evidencias, y tras el testimonio que prestó el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, Lamela cita de nuevo a Trapero como investigado después de haberle dejado en libertad con medidas cautelares -como la entrega de su pasaporte- la segunda vez que declaró, también imputado por sedición, en relación al asedio a la Guardia Civil el 20 de septiembre en el registro a la Consejería de Economía.

Además de imputarle un segundo delito de sedición, la juez apunta a la posibilidad de ampliar la calificación de estos hechos a un delito de organización criminal, al entender que los integrantes "de la organización han elaborado una estrategia perfectamente coordinada, con arreglo a un plan común y con reparto de papeles".

Para la juez, la finalidad "inmediata" de Trapero "estaba orientada a facilitar la celebración del referéndum y con ello la proclamación de una república catalana (...) siendo consciente de que desarrollaba una actuación al margen de las vías legales".

Y es que "la actuación de los Mossos no solo fue pasiva manteniéndose al margen de cualquier actuación desarrollada por la Guardia Civil, evitando intervenir también en los casos en los que miembros de la Guardia Civil eran agredidos", destaca el auto.

"También fue orientada en algunos casos -añade- a obstaculizar la actuación de aquellas otras policías, y en otros, a increpar e incluso enfrentarse a alguno de los agentes".

Lamela observa que "la inactividad de los Mossos ya se percibía en las declaraciones públicas realizadas por el director general de los Mossos d'Esquadra Pere Soler Campins", quien días antes del referéndum dijo: "La misión de los Mossos es garantizar derechos, no impedir su ejercicio".

La conducta de los Mossos entre el 20 de septiembre y el 1-O fue "de total inactividad", "enmascarada bajo los principios de actuación policial de proporcionalidad, congruencia y oportunidad", insiste el auto.

Respecto al 1-O, Lamela señala que se estableció un sistema de comunicación entre los agentes y sus superiores que "suponía varias horas desde que se hacía la consulta hasta que llegaba la contestación".

Además, se comunicaban instrucciones de forma oral o "pautas de actuación distintas o contradictorias a las escritas y contrarias" a las órdenes que dio el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para impedir la votación, dejando la decisión al "ámbito de valoración del agente actuante".

Además de Trapero, Lamela ha citado también este viernes como testigo al nuevo jefe de los Mossos, Ferrán López Navarro, que sustituyó a Trapero al aplicarse el artículo 155 en Cataluña.

La juez reclama también información sobre el dispositivo de seguridad que coordinó Pérez de los Cobos, que los Mossos identifiquen a las personas y los medios empleados para comunicarse el 1-O, y a la Guardia Civil le solicita la identidad de los mossos que hicieron actuaciones de vigilancia sobre sus cuarteles, comisarías de Policías y agentes de dichos cuerpos ese día.