El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha asegurado hoy que no prevé "ninguna dificultad" para la extradición de la exdiputada de la CUP Anna Gabriel de Suiza si el juez del Supremo emitiera una orden internacional para su detención, tras no acudir hoy a declarar como investigada por un delito de rebelión.

En declaraciones en los pasillos del Congreso, Catalá ha dicho que no se le ocurre qué podría pasar para que las autoridades suizas no concedan la extradición de una persona perseguida e investigada en España por el Tribunal Supremo, como en el caso de la exdiputada.

Catalá ha recordado que el Estado español tiene un tratado de extradición firmado con Suiza, en el que se establecen los procedimientos y circunstancias para concederla, por lo que si el juez del Supremo Pablo Llarena emitiera una orden internacional "no hay que prever ninguna dificultad".

Llarena ha mantenido la citación para que Gabriel declare hoy como investigada por un delito de rebelión, a pesar de que ésta le notificó ayer que no piensa acudir. Una vez confirmada su ausencia, el juez tendrá que decidir si inicia el procedimiento para pedir su detención y extradición a las autoridades suizas.

"No se me ocurre qué podría suceder para que las autoridades judiciales suizas no concedan la extradición de una persona perseguida e investigada por el Tribunal Supremo en España", ha afirmado Catalá al se preguntado por esta posibilidad.

Ha destacado que el derecho de extradición es "propio de sociedades democráticas" y ha explicado que será el juez competente en Suiza quien tendrá que determinar si existe el principio de "doble incriminación", para ver si los delitos por los que "hipotéticamente" se pueda acusar a Gabriel en España existen en ese país.

Pero no prevé dificultades porque el código penal suizo es "propio del siglo XXI", al igual que el español, y contempla los delitos de traición a las instituciones y el Estado.

En todo caso, ha puntualizado que aún no se sabe qué delitos se van a atribuir a Gabriel y habrá que ver si luego esos delitos existen y están configurados de manera equivalente en el derecho de Suiza y "si el juez suizo así lo considera".