El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha reiterado este lunes el compromiso de España para luchar contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.
"Es una prioridad de este Gobierno y defendemos la tolerancia cero frente a este problema", ha subrayado Planas durante su participación en el Acto de Alto Nivel previo a la tercera reunión de las partes del Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del Puerto de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), que han presidido el director general de FAO, QU Dongyu, y el comisario de Medio Ambiente, Océanos y Pesca de la Unión Europea, Virginius Sinkevicius
En su intervención, el titular del ramo ha resaltado que hay que abordar esta "lacra" desde un enfoque global e integrado, porque las connotaciones internacionales que tiene la pesca ilegal precisan soluciones conjuntas y un pacto firme de todos los países. "Es necesario un marco jurídico sólido y riguroso y un sistema de inspección y control pesquero de primera línea", ha indicado.
Planas también se ha referido a los graves perjuicios medioambientales, económicos y sociales que genera la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, ya que constituye una "amenaza seria" para los recursos y la biodiversidad marina, supone una competencia desleal con la inmensa mayoría de pescadores que desarrolla su actividad con responsabilidad y perjudica a las comunidades costeras que viven de la pesca.
En el contexto de un mundo global, las actividades de pesca ilegal implican la participación de numerosos actores de distintos países que consiguen eludir los trámites administrativos y comercializar sus capturas, incluso en zonas muy alejadas, por lo que considera "necesaria e imprescindible" la cooperación internacional.
La FAO estima que la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada produce una pérdida de ingresos que oscila entre los 10.000 y los 23.000 millones de dólares anuales.
Por otro lado, se ha confirmado el estrecho vínculo que existe entre la erradicación de la pesca ilegal y de la pobreza y el hambre. En este sentido, a través del Objetivo número 14 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, se pretende llamar la atención sobre este problema que representa una de las mayores amenazas para mares y océanos, y para los pescadores y la población en general.
COMPROMISO ESPAÑOL
Planas también ha aludido a la experiencia de España en la lucha contra la pesca ilegal, que ha demostrado la necesidad de trabajar unidos y la validez del Acuerdo de Medidas del Estado Rector del Puerto de FAO como marco legal idóneo para ello.
Este acuerdo, que entró en vigor en 2016, tiene como objetivo prevenir, desalentar y eliminar la Pesca Ilegal, No Declarada y No Reglamentada. Es el primer tratado de carácter vinculante centrado de manera específica en la lucha contra la pesca ilegal y del que forman parte 69 países.
España, como miembro de la Unión Europea signataria del acuerdo, ha implementado todas las medidas de seguimiento, vigilancia y control que se aplica a los buques de pesca que soliciten entrar a un puerto de un Estado diferente al de su Estado del pabellón, contribuyendo al uso sostenible de los recursos marinos y a su conservación a largo plazo.
Además, España cuenta con un sistema de procedimientos para la coordinación entre todas las administraciones públicas y, en la actualidad, tiene habilitados un total de 29 puertos para prestar estos servicios a los buques de países terceros.
