La Audiencia de Granada ha condenado a 24 años de prisión al procesado por robar y asesinar al exconcejal socialista de Granada José Miguel Castillo Higueras, cargos por los que las acusaciones habían solicitado una pena a prisión permanente revisable.
La sentencia de la Sección Primera de la Audiencia, contra la que cabe recurso y a la que ha tenido acceso EFE, se enmarca en el veredicto de culpabilidad que dictó el 31 de enero el jurado popular encargado de la causa y que consideró probado que el condenado robó, golpeó y causó la muerte de la víctima, que tenía entonces 74 años.
Los hechos se remontan a la mañana del 23 de enero de 2022 cuando el exconcejal salió de su casa como hacía habitualmente y se cruzó con el procesado, que le golpeó en la cara para robarle, un golpe que le hizo caer al suelo.
El hombre fue auxiliado por varios ciudadanos, incluido el propio procesado, que dejó las cosas que había robado en la acera cercana.
Cuando Castillo Higueras fue levantado del suelo, siguió su marcha aturdido, sin reconocer al agresor y sin sus cosas, facultades mermadas por el primer golpe.
El condenado volvió entonces a perseguirle, según recogieron las cámaras de seguridad de la calle y, tras un "seguimiento férreo" durante media hora, le propinó un fuerte golpe en la cara que provocó la caída fulminante de la víctima que aprovechó para robarle.
Durante el juicio, el condenado negó haber asesinado a la víctima, aseguró que se acercó a él para prestarle ayuda porque creyó que iba borracho y que además le debía dinero.
La sentencia, que ha adelantado el periódico Ideal de Granada, ha condenado al joven procesado a dos años de prisión por cada uno de los dos delitos de robo con violencia y otros 20 años de cárcel por un delito de asesinato, además de 10 años de libertad vigilada.
El fallo judicial impone también la prohibición de acercarse a los hermanos de la víctima durante 25 años, una indemnización de 20.000 euros para cada uno de ellos y el pago de las costas procesales.
La Fiscalía y la acusación particular, que ejerció el letrado Antonio Sánchez-Jáuregui, habían solicitado una condena a prisión permanente revisable por el asesinato y habían solicitado otros cuatro años de prisión por los robos.
Por su parte, la defensa del acusado interpretó que los hechos eran constitutivos de un delito de lesiones dolosas en concurso con un homicidio imprudente y un delito de robo con violencia con el atenuante de arrebato.
