“Nunca hubo una muerte más anunciada”, G. G. Márquez en Crónica de una muerte anunciada.
El conflicto en torno a la readmisión por los despedidos en el ERE municipal de Jerez ha terminado por abrir una brecha dentro del gobierno del PSOE, que se ve ahora en la tesitura de explicar el incumplimiento de una promesa electoral ante el temor, real o provocado, de estar cometiendo un delito.
El ERE del PP. Cuando en 2012 el PP decidió llevar a cabo un ERE con despido colectivo de 260 trabajadores no imaginaba que a Pelayo le podía suponer la pérdida de los votos necesarios para obtener la mayoría absoluta en los siguientes comicios. Fue, sin duda, una decisión dura, pero aún con estrategia previa no supieron medir los efectos y, quizás, hubo ligereza en valorar las armas de cada parte implicada. El ejército que desprecia al enemigo tiene serias posibilidades de perder la guerra.
Pelayo y su equipo pensaron que era vital tener de su lado a los dos sindicatos más beligerantes en sus protestas y, en esto, acertaron, resultaba impensable un despido de 260 personas y que la ciudad no se sumiera en fuertes acciones sindicales cuando ahora llevamos meses presenciándolas a diario -aunque curiosamente estos días no…- y el motivo es por no querer trabajar las horas que obliga la Ley. Por los despidos nos las hubo, eso es un hecho. No se aplicaron los criterios objetivos de selección, salvo el de edad, según han concluido el TSJA y los juzgados. Si es un drama personal y familiar que te despidan, deriva en repulsa u odio si no hay causa objetiva y justa. ¿Por qué a mí? Llamar ante el TSJA vagos a los despedidos fue inapropiado y más cuando no había prueba de que lo fueran, ni tampoco de que los que se salvaban eran los mejores.
Después vino la RPT con subidas de sueldos a unos colectivos y bajadas a otros y repartos de productividades que en nada acompañaban a la causa económica que habían justificado los despidos; aumentando la fuerza de los argumentos contra el ERE y, por tanto, contra el gobierno de Pelayo. Por su parte, la plantilla conoció un plan de ajuste con importes millonarios de reducción de gastos de personal a ejecutar en 2016 tras las elecciones y todo hacía indicar que esto sólo se podría conseguir con nuevos despidos. La plantilla municipal, en gran mayoría, dio la espalda al PP; hay tendencia a olvidar que el colectivo de más peso en la ciudad es el de los trabajadores municipales y su capacidad de influenciar en la opinión pública es grande, no sólo porque el número de empleados sea superior a 2.000, nada menos, sino porque a ello hay que sumar sus ámbitos familiares y sociales. Votos. Esto lo olvidó el PP. La situación de crisis económica aguda del ayuntamiento de Jerez es un hecho y podría haber justificado un ERE, tal vez existan otras vías, pero la arbitrariedad declarada nunca puede justificarse y, más aún, si lleva a más de 100 familias a un futuro incierto. Esto se paga.
La readmisión del PSOE. Desde antes de la campaña electoral los afectados por el ERE contaron con el apoyo de todos los grupos políticos de la oposición y en casi la mayoría de los programas electorales incluyeron la readmisión de los que resultasen judicialmente despidos improcedentes. El gobierno de Mamen Sánchez abordó desde los primeros días el asunto de la readmisión y, a día de hoy, no hay quien entienda qué ha pasado. Ha habido estrategias y no precisamente del equipo de gobierno, al cual le ha faltado. El PSOE ha errado, como lo hizo el PP, en no saber valorar las armas del enemigo. Que ante la readmisión de los afectados del ERE había intereses en poner difícil el éxito es algo que Sánchez y su gobierno debieron medir. El mayor error de Sánchez ha sido verbalizar sus dudas y sus miedos, sus numerosas reuniones y consultas para despejarlos, compartiéndolos abiertamente durante un año. Sus enemigos, que los tiene y muchos, dentro, al lado y enfrente, han conocido su punto débil. Que un alcalde o alcaldesa y los concejales de cualquier ayuntamiento hoy día tienen que estar preocupados y temerosos por la tremenda judicialización de la administración pública es lógico y si es del ayuntamiento de Jerez más aún ante los precedentes. Pero el miedo, tan humano, no debe romper en pánico porque entonces te conviertes en presa fácil.
Si los miembros de un gobierno, sea de la entidad que sea, antes de aprobar cualquier cosa exigen tener un informe jurídico que concluya “riesgo cero” ya adelanto que no adoptarán ningún acuerdo, entre otras cosas porque riesgo cero no lo hay en casi ningún caso. El cero, no y, si lo quieren, mejor dedicarse a otra cosa.
Repasar la hemeroteca sobre el ERE nos lleva a que resulte incomprensible que el gobierno de Mamen Sánchez el uno de septiembre presentase el informe del bufete de Escribano, “este informe jurídico concluyente supone un gran paso para una posible solución para la gran mayoría de los trabajadores afectados por el ERE que quieren volver a reincorporarse”, y, lo que es peor, ese mismo día comunicaron a los trabajadores quiénes entraban -81- y quiénes se quedaban fuera -25-. Para a los pocos días sorprender con un informe jurídico interno que advierte de serios posibles delitos. ¿Algo tan gordo no fue advertido por el citado bufete sevillano?, ¿ni por los técnicos?, ¿ni por el interventor? ¿Quien emite el informe no pudo hacerlo antes de la presentación del informe de Escribano?, ¿tuvo que esperar el gobierno de Mamen Sánchez al último minuto para salir con esto? Es obvio que la gestión final ha carecido de estrategia de comunicación y, como le ocurrió al PP, de consideración del lado humano. Esto se paga.
Los afectados. Partiendo de la solidaridad que debe presidir cualquier comentario sobre los que perdieron su trabajo sin saber por qué ellos, en unos tiempos en los que el mercado laboral ofrece pocas posibilidades sorprende que una gran mayoría no luchase con uñas y dientes por recuperarlo en los meses siguientes a la aprobación del ERE por el gobierno de Pelayo. Sólo un pequeño grupo mantuvo la lucha, cual resistencia francesa en tiempos de la invasión nazi. Gracias a ellos el ERE no pasó página como hubiese gustado al PP, ellos consiguieron los apoyos políticos y los compromisos electorales de readmisión. Luego el gobierno de Mamen Sánchez incumplió los plazos prometidos, afanado en su obligación inexcusable de buscar la seguridad jurídica y la forma de cumplir con la legalidad para poder aprobar los acuerdos transaccionales.
Los afectados, para sorpresa de todos, decidieron hacer un encierro como forma de presión, pasando las críticas a Mamen Sánchez a igualdad de plano que contra Pelayo -a destacar que cuando los despidos a nadie se le ocurrió encerrarse…-. Pese al respeto e, insisto, la solidaridad que merecen, ellos también erraron en el lado humano y la estrategia y si algo hay que reconocer es la voluntad y las actuaciones llevadas a cabo por el gobierno actual para aprobar legalmente las transaccionales, ante lo cual resulta muy injusto mantener que todo este año ha sido un cruel teatro. Todo esto se paga.
Consulta. Siguiendo los pasos del gobierno municipal, de los grupos de la oposición y de los afectados y aunque solo sea por no ser menos, también he hecho averiguaciones jurídicas. De entrada, los dos juristas consultados insisten prudentemente en no pronunciarse sin conocer el expediente y en la poca validez de las opiniones jurídicas sin ver los papeles. Advertido lo cual, ambos coinciden que tan solo con las declaraciones en los medios efectuadas durante este largo año y las actuaciones seguidas en busca de la seguridad jurídica se demuestra la no voluntad de delinquir, lo que en términos jurídicos se denomina dolo. Además de que los acuerdos transaccionales deben obligatoriamente ser homologados por el TSJ, lo cual añade garantía al proceso. Si los servicios públicos requieren de personal para su buen funcionamiento, hay un interés público que siempre protege la Ley y si los efectos económicos perjudiciales para el presupuesto en un ayuntamiento económicamente agonizante son compensados con reducciones de gastos por igual importe, sólo entramos en el ámbito de decidir prioridades. Ahora bien, si un informe penalista concluye la ilegalidad de las readmisiones, salvo que no esté fundamentado con corrección y se refute con superior criterio, imposibilita que un gobernante responsable pueda seguir para adelante. En todo caso, sin enseñar papeles a cuantos más abogados se consulta más interpretaciones distintas hay. Así es la justicia. Una justicia muchas veces ambigua e injusta, con políticos entre arbitrarios, unas veces, inconsistentes y temerosos, otras, sobre un colectivo débil y poco aguerrido detallan los capítulos de la crónica de una muerte, lastimosamente, anunciada.
Bomarzo
