El pleno extraordinario del Consejo de Participación de Doñana celebrado este lunes, aunque meramente informativo, ha servido para dejar clara la posición de sus miembros en relación con la proposición de Ley para reordenar los regadíos de la Corona Norte de Doñana, siendo mayoritario el rechazo a la misma.
Ese rechazo ha sido puesto de manifiesto claramente por el propio presidente del Consejo, Miguel Delibes, quien considera la iniciativa como "muy negativa" porque "no hace más que generar tensión, alimentar el conflicto y hacer juegos políticos que se parecen al toreo de salón, cuando una situación dramática como la que vivimos en Doñana y en los regadíos requiere tomarse las cosas en serio y agarrar el toro por los cuernos".
Y ello supone, en su opinión, "tomar decisiones, probablemente impopulares; gastar dinero y trabajar, es decir, todo lo contrario a hacer proposiciones de ley que no se pueden cumplir y que no van a ningún lado".
También por las organizaciones conservacionistas, que entienden que la misma viene a dar respuesta a cuestiones que no existen como "derechos históricos" o "la retroactividad" del Plan de Ordenación de Regadíos de la Corona Norte de 2014.
De esta forma, WWF y SEO/Birdlife han pedido en el Consejo la retirada de la proposición de ley que "contraviene la Constitución y la separación de competencias del Estado y las comunidades autónomas" y, precisamente de acuerdo a esto, Ecologistas en Acción ha pedido al Gobierno que una vez se apruebe la iniciativa en el Parlamento de Andalucía, donde se toma en consideración el próximo miércoles, la lleve al Tribunal Constitucional.
Una petición que ha sido recogida y a la que se ha comprometido el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, para quien que de lo que se trata es de "corregir un déficit que no se tuvo en cuenta en su momento" y entiende que todo debería comenzar por "habilitar un amplio espacio de consenso" para no colocar a Doñana "en una situación irreversible".
El rechazo viene también desde la rama científica, y ha sido expresado en el Consejo por el director de la Estación Biológica de Doñana (EBD-CSIC), Eloy Revilla, quien tras alertar de que más de la mitad de las lagunas del espacio natural "han desaparecido", ha dejado claro que "la explotación actual del acuífero no es sostenible. Se está extrayendo más recurso del que se regenera anualmente mediante la recarga por precipitación, que es variable y decreciente, por lo que se está agotando este recurso natural".
En su opinión, hay una "clara falta de voluntad política" a la hora de solucionar el problema que ha llevado "al insostenible punto crítico en el que se encuentra Doñana".
En cuanto a los ayuntamientos, solo el de Almonte se ha posicionado y, alineándose con los agricultores de la localidad, lo ha hecho en contra al entender que pretende revisar el Plan de la Corona Norte "sin garantías, sin informes y sin contar con los agentes implicados" cuando, antes de cualquier revisión, "el agua superficial debe llegar al corazón de Doñana, que es Almonte".
En el lado contrario, es decir, en la defensa de una iniciativa que consideran no supone ningún perjuicio para Doñana están los representantes del PP, la Junta de Andalucía y organizaciones agrarias como UPA y Asaja.
En este punto, el consejero de Medio Ambiente, Ramón Fernández-Pacheco, ha defendido una iniciativa que "viene a dar respuesta a la inquietud que mantienen cientos de agricultores de la Corona Norte Forestal de Doñana" y a la que se ha llegado "porque el Gobierno de España se ha negado a sentarse con nosotros; hasta en dos ocasiones se ha comprometido con la Junta a crear una comisión bilateral técnica que pudiera abordar los diferentes asuntos que tienen que ver con el espacio natural y nos hemos quedado esperando, por lo que el Grupo Parlamentario Popular se ha visto obligado a presentar esta proposición de ley que parte de una premisa que es innegociable: el acuífero de Doñana no se toca".
El presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, por su parte, ha defendido ante el Consejo que la proposición de Ley aborda exclusivamente una cuestión de ordenación del territorio en aquellas explotaciones "abandonadas" por el Plan de la Corona Norte y, de cara al miércoles en el Parlamento, ha pedido a la oposición que piense en los centenares de familias de Doñana afectadas por la injusticia histórica del PSOE.
