La Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Junta de Andalucía, que preside en Huelva el delegado de la Junta en la provincia, José Fiscal, ha dado luz verde, en su primera reunión de la presente legislatura, a una serie de modificaciones urbanísticas que propiciarán el desarrollo agrícola e industrial de seis municipios onubenses.

   Las resoluciones aprobadas, que afectan, sobre todo, a suelo no urbanizable, contribuirán así a la dinamización socioeconómica y, en consecuencia, favorecerán la generación de riqueza en pueblos como Almonte, San Bartolomé de la Torre, Hinojos, Gibraleón o Los Marines, sin olvidar a Bonares, cuyo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) ha recibido el visto bueno definitivo de un órgano colegiado en el que el director general de Urbanismo, Manuel Benabent, y la delegada territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, Carmen Lloret, ostentan las vicepresidencias primera y segunda, según ha informado la Junta en una nota.

   De este modo, Almonte ha visto reconocida la consolidación del uso eminentemente agrícola de parte de su término municipal que pasa a ser catalogada como suelo no urbanizable de carácter natural o rural. Hasta la fecha toda esta superficie era considerada de especial protección ambiental y paisajística sin distinción alguna, con lo que se otorgaba a determinados enclaves un valor muy superior al que le correspondía en realidad.

   Así, el cambio persigue, por tanto, sin que suponga en ningún caso una merma en la apuesta decidida por la sostenibilidad, evitar que, ante posibles infracciones, se produzcan sanciones excesivas o desproporcionadas en una franja en la que, desde 1991, las explotaciones de regadíos han crecido en un 20 por ciento, con 145 hectáreas más.

   En San Bartolomé de la Torre, en la misma línea, se pone fin a una ordenación demasiado restrictiva que no permitía ningún tipo de edificación auxiliar aunque éstas fueran imprescindibles para el mantenimiento de las actividades agrícolas que se desarrollan en las distintas fincas. En cuanto a los usos dotacionales y de equipamiento, se abre también la posibilidad de su implantación en suelo no urbanizable próximo al núcleo urbano, al ser "no sólo compatible, sino también necesario" para la prestación de servicios.

   Asimismo, en Gibraleón se flexibilizan, por un lado, las restricciones a las edificaciones ligadas a los usos propios de suelo no urbanizable y a las infraestructuras consideradas de utilidad pública y se reduce, por otro, la ocupación máxima de viviendas en zonas de usos agropecuarios al 0,6 por ciento. Sólo es posible alcanzar el 2 por ciento en el caso de las naves avícolas.


GASEODUCTO EN HINOJOS

   La Comisión también ha validado una modificación del PGOU de Hinojos para promover la canalización del gas natural de un nuevo yacimiento detectado a raíz de unos sondeos hasta el gaseoducto que discurre por la comarca del Condado, una actuación "imprescindible" para explotar estos recursos y que se ajusta escrupulosamente, como resalta Carmen Lloret, a las pautas establecidas por el Plan de Ordenación Territorial del Ámbito de Doñana (POTAD). Un punto en el que la delegada recuerda, además, que se trata de un proyecto incluido en la Planificación de los Sectores de Electricidad y Gas 2008-2016 aprobada por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio e integrado en la red básica de gas natural.

   En esta misma localidad, se ha autorizado un segundo cambio en sus normas urbanísticas con el fin de compatibilizar una serie de usos agrícolas y ganaderos, sobre todo, vinculados con el cultivo de olivar y viñedos o, incluso, el descorche o la recogida de la piña, con la protección especial de suelos no urbanizables forestales y de dehesa.


ACTUACIÓN EN BONARES

   Bonares ya cuenta, por su parte, con Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) tras acometer las subsanaciones requeridas en julio de 2011. El documento apunta la aspiración de la localidad condal de alcanzar la cifra de 8.825 habitantes. Con respecto a Los Marines, la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo ha acordado la sustitución en sus normas urbanísticas de la calificación de suelo no urbanizable protegido por la de carácter natural o rural, con lo que quedan subsanados los errores materiales detectados en su PGOU.