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Huelva

IU lleva al pleno la reivindicación de la PAH para facilitar la dación en pago

Jiménez denuncia que el alcalde y su equipo de Gobierno del PP han rechazado de plano todas las mociones e iniciativas presentadas en defensa de las familias y los menores en especial situación de vulnerabilidad

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  • Jiménez con miembros de la PAH -

Uno de los espejos donde se refleja con más crudeza la crisis económica y social que sufre Huelva es en los desahucios. Esta realidad ha llevado al portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida, Pedro Jiménez, por tercera vez en un año a presentar una moción en el Ayuntamiento de Huelva relativa a aliviar la presión que ejerce este problema entre la ciudadanía onubense. En esta ocasión, la moción pide que el Consistorio inste a la Agencia Tributaria, la Agencia Andaluza Tributaria, la Tesorería General de la Seguridad Social y la Diputación Provincial a que regulen el levantamiento de embargos en los casos en los que el bien embargado sea la vivienda habitual y esa situación impida la dación en pago del inmueble.

La iniciativa municipal de Izquierda Unida se encuadra dentro de la semana de lucha y movilización convocada por las Marchas por la Dignidad para reivindicar “Pan, Techo y Trabajo”, los tres pilares fundamentales para la ciudadanía que se han venido abajo con la crisis y las políticas de austeridad auspiciadas desde el Gobierno de Mariano Rajoy. Una de las asociaciones más activas en el campo de la defensa de los más débiles es la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), que en este caso ha contado con el respaldo de Izquierda Unida para llevar su reivindicación hasta el salón de plenos.

Pedro Jiménez ha subrayado que la iniciativa que lleva a Pleno es el tercer intento en solo un año que realiza Izquierda Unida para intentar proteger desde las instituciones a las familias en especial situación de vulnerabilidad, que en muchos casos conviven con menores que sufren ya la pobreza. Las dos anteriores mociones presentadas por Izquierda Unida  subrayaban la necesidad de revisar los protocolos de actuación para la eliminación del impuesto de plusvalías para las personas afectadas por desahucios que sufran la pérdida de su vivienda habitual, que ninguna familia se vea amenazada con la pérdida de custodia de sus hijos a causa de un desahucio, colaborando con la petición al juez de la suspensión del desahucio cuando éste lo sea por motivos económicos y garantizar el realojo en una vivienda digna en régimen de alquiler asequible.

La última iniciativa del Grupo Municipal de Izquierda Unida que también fue rechazada de plano por la mayoría absoluta del Partido Popular en el Ayuntamiento pedía la declaración de Huelva como ‘Ciudad contraria a los desalojos por motivos económicos de viviendas que constituyen la primera residencia para las unidades familiares’.

Huelva está siendo una de las ciudades andaluzas más afectadas por los lanzamientos hipotecarios. En el primer trimestre de 2014 se produjeron dos desahucios diarios, según el informe facilitado por el Consejo General del Poder Judicial en el documento ‘Datos sobre el efecto de la crisis en los órganos juidiciales’. Y en la primera mitad del año 2014 se han hecho efectivas 297 órdenes de lanzamiento, una media de 1,6 al día. La bajada que se observa viene dada en muchos casos por el trabajo de lucha, presión e intermediación que está protagonizando la Plataforma de Afectados por la Hipoteca.

Pedro Jiménez ha denunciado que la respuesta del alcalde, Pedro Rodríguez (PP), a esta problemática de los desahucios no ha sido sólo el rechazo a las mociones en defensa del derecho a la vivienda sino incrementar el Impuesto de Bienes Inmuebles hasta convertir a Huelva en la ciudad española con el IBI más alto, lo que “sin duda añade leña al fuego que consume los recursos de las familias más necesitadas, facilitando los embargos por impago y dificultando la solución a través de la dación en pago”.  Jiménez recuerda que Huelva es además una de las zonas de España con los sueldos más bajos, 12.535 euros al año de media por asalariado, con las tasas más altas de paro y de precariedad laboral y donde de cada 100 contratos que se firman 98 son temporales.

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