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Huelva

Alaya ordena a la UCO investigar las obras adjudicadas por el Ayuntamiento de La Palma a Fitonovo

La magistrada libra oficio a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil para que, "en su caso", investigue "el receptor de la dádiva o compensación económica y el ofertante de la misma"

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La juez Mercedes Alaya, que investiga el cobro de comisiones en la adjudicación de contratos públicos a través de una "organización criminal jerarquizada que tendría como centro" a Fitonovo, ha ordenado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que investigue la adjudicación de las obras municipales por parte del Ayuntamiento de La Palma del Condado a dicha empresa.

   En un auto fechado el pasado 7 de mayo, al que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada toma esta decisión tras la denuncia presentada a tal efecto por la concejal y portavoz del PSOE del Ayuntamiento de La Palma del Condado, Elena Ruiz Ángel, a la que da por personada en la causa como acusación popular.

   De este modo, y en el auto notificado este lunes a las partes personadas en este procedimiento, la instructora ordena a la Guardia Civil que "se investiguen los hechos relacionados con la adjudicación de las obras municipales por parte del Ayuntamiento de La Palma del Condado a la entidad Fitonovo".

   Asimismo, la magistrada libra oficio a la UCO para que, "en su caso", investigue "el receptor de la dádiva o compensación económica y el ofertante de la misma".

   La operación 'Madeja', en la que hay hasta 95 personas imputadas, se encuentra pendiente de que la magistrada se pronuncie sobre la petición de la Fiscalía de Sevilla para que envíe a la Audiencia Nacional el sumario del caso, ya que "el fraude producido ha tenido un notorio alcance, con grave repercusión en la seguridad del tráfico mercantil y en la economía nacional, lo que determina el informe favorable de la Fiscalía a la competencia a los Juzgados Centrales de Instrucción".

   Así, la Fiscalía llama la atención sobre "el número de imputados en la presente causa, que ya excede de 90", y sobre la "la cantidad utilizada con fines indiciariamente delictivos, que ha sido fijada en 4.300.000 euros, según las investigaciones de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se fija en dicha cuantía la cantidad en concepto de comisiones, dádivas de distinto tipo, regalos, etc, realizadas por la empresa Fitonovo/Fiverde y otras que formarían parte formal o informal de su grupo de sociedades".

"COMISIONES, DÁDIVAS Y REGALOS"

   Seguidamente, el Ministerio Público pone de manifiesto que "no cabe duda de la complejidad de la instrucción tanto en relación con los hechos que deben ser objeto de investigación como del número de personas inculpadas en esta ciudad y en diversidad de provincias, tanto dentro como fuera de la comunidad autónoma de Andalucía".

   Aunque "la complejidad de la causa y el estado actual de la instrucción solo permite realizar un juicio provisorio de la calificación jurídica de los hechos objeto de la instrucción", la Fiscalía considera que los hechos, "en principio", serían constitutivos de delitos de cohecho con carácter continuado, fraude y/o exacciones ilegales, asociación ilícita, prevaricación, falsedad en documentos mercantiles y/o públicos, corrupción entre particulares e incluso malversación de caudales públicos.

   La Fiscalía relata en su escrito que los hechos investigados "implican la presunta existencia en la empresa Fitonovo de una actividad planificada dirigida a pagar comisiones, dádivas y regalos en variadas modalidades a funcionarios públicos y otras personas que desarrollaban sus servicios para organismos públicos --estatales o autonómicos y locales-- con el objeto de adjudicarse por medios fraudulentos contratos públicos".

OFERTAS 'FICTICIAS'

   A juicio del fiscal, desde la empresa se habrían realizado "variados tipos de maquinaciones, no ya para obtener directamente la adjudicación, sino concertándose con otras empresas para que en connivencia con estas presentaran ofertas 'ficticias' con el objeto de obtener el contrato de que se tratara bajo una apariencia de legalidad".

   Según el Ministerio Público, esto "se desprende de diversas pruebas documentales, testificales y de algunas declaraciones de los propios imputados", añadiendo que "de la abundante prueba documental consistente en la detallada contabilidad en 'b' que llevaba la empresa se desprende que el dinero opaco se utilizaba igualmente para posibles pagos de salarios a trabajadores o compras para la empresa de determinados bienes".

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