La organización ecologista WWF considera una "amnistía" la concesión por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) de permisos temporales de uso de aguas subterráneas para el riego de 2.701 hectáreas en el Condado de Huelva, en el entorno de Doñana, e informará a la Unión Europea.
WWF considera "inaceptable" que "se amnistíen pozos y balsas claramente ilegales e ilegalizables, más aún cuando la propia administración ha reconocido la grave situación del acuífero de Doñana", ha señalado en un comunicado.
Entre las más de 1.200 captaciones que se pretenden regularizar, WWF ha detectado al menos 22 balsas y 205 pozos en áreas de especial protección de la naturaleza según el Plan de la Corona Forestal de Doñana.
En la cabecera del arroyo de La Rocina, la "zona cero" del "robo del agua", según WWF, existen 61 pozos ilegales que se pretenden regularizar en medio de zonas forestales.
También se pretenden autorizar pozos ilegales y balsas en corredores ecológicos, aunque según la normativa del Plan Especial de la Corona Forestal deben eliminarse todas las infraestructuras al ser usos no compatibles con corredores y se incluyen pozos situados en zonas en las que se han producido descensos "dramáticos" del acuífero que alimenta las marismas, como Matalagrana, aseguran los ecologistas.
La propia CHG, recuerda WWF, reconoce en sucesivos informes el descenso en estos lugares y el progresivo deterioro del acuífero de Doñana.
WWF informará de forma inmediata a la Comisión Europea sobre los planes de la CHG por "perpetuar la sobreexplotación del acuífero de Doñana, y por crear aún más confusión sobre el uso del agua en la zona, al dar permisos temporales a captaciones totalmente ilegalizables por su localización".
Pedirá a la Comisión Europea que se paralicen de forma cautelar las ayudas económicas al sector -que llevan aparejadas la exigencia de legalidad- hasta que no se aclare la situación creada por los planes del Gobierno.
Además, WWF pondrá en manos de la Fiscalía toda la información cartográfica de que dispone y no descarta otras acciones legales en caso de que se materialicen las concesiones.
Respecto al papel de la Junta de Andalucía, WWF pide que se oponga activamente a cualquier captación situada en zonas forestales o corredores ecológicos, y que aplique los criterios del Plan Especial, como el cumplimiento de la Ley Forestal Andaluza de 1992.
