Un funcionario de la prisión provincial de Huelva ha resultado herido y ha requerido asistencia sanitaria después de que un interno, sin mediar palabra, se abalanzara sobre él y le pegara un puñetazo cuando estaba siendo trasladado a la zona de seguridad tras haber protagonizado un incidente con otro preso.
Los hechos, según ha informado el sindicato Acaip, se produjeron en el día de ayer cuando un interno del centro "se abalanzó sobre otro con un palo, con la intención de agredirle", algo que evitaron los funcionarios con su actuación.
Posteriormente, cuando el interno agresor era trasladado a la zona de seguridad, "se abalanzó, sin mediar palabra, sobre los funcionarios lanzando un puñetazo a uno de ellos, teniendo que ser atendido por los servicios sanitarios del centro penitenciario", siendo reducido el interno.
Desde ACAIP Huelva han exigido que dichos hechos sean puestos en conocimiento de la autoridad judicial por las responsabilidades penales que pudieren derivarse así como que se traslade a dicho interno, de forma inmediata, a otro centro penitenciario dado la gravedad de los hechos.
"No comprendemos el traslado de un interno de estas características a nuestro centro penitenciario, cuando no existen ni los recursos materiales ni humanos para albergar a este tipo de reclusos violentos y con estas patologías psiquiátricas", han apuntado, al tiempo que tampoco entienden "como tampoco por qué no se ha tomado por parte de la dirección del centro, teniendo en cuenta trastornos mentales del recluso una clasificación más idónea".
También creen fundamental la realización de las modificaciones legales oportunas para que los funcionarios de prisiones sean considerados agentes de autoridad, para una mayor relevancia penal de estos hechos y ayude a la reducción de estos graves incidentes que muy a nuestra desgracia vienen siendo casi diarios en los diferentes centros penitenciarios de todo el territorio nacional.
Por último, han hecho un llamamiento a todas las fuerzas políticas para que "de una vez por todas traten la situación de los funcionarios de prisiones como un asunto de estado" pues las condiciones laborales que padecen "ya son casi más propias de estados fallidos lo que lógicamente repercute en las condiciones de vida de los propios internos".
