Los sindicatos denuncian un inicio de curso escolar marcado por los recortes.
Desde el Sindicato Provincial de Enseñanza de CCOO señalan que el nuevo curso en Infantil y Primaria se caracteriza por “carecer de número suficiente de docentes para atender eficazmente las necesidades reales del alumnado, por la pérdida de derechos laborales de los trabajadores de las enseñanzas sostenidas con fondos públicos, por la privatización de servicios educativos y por la muy negativa” puesta en marcha de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE).
Por su parte, el sindicato independiente ANPE denuncia que el aplazamiento unilateral durante un año del desarrollo de la nueva estructura que plantea la LOMCE a cargo de la Consejería de Educación “pone el punto de atención en la interminable sucesión de recortes que afectan al sistema educativo andaluz y su profesorado”.
Recortes que comienzan por la “discriminación económica” sufrida respecto al resto de autonomías. En éstas, el profesorado percibe íntegramente sus pagas extraordinarias, los docentes andaluces han visto salvajemente mermadas sus pagas de los años 2013 y 2014. “No es de recibo que mientras se recorta el salario al docente, la Junta invierta de nuevo en compras masivas de tabletas para el alumnado”, valoran.
ANPE exige a la Consejería el mantenimiento de los cupos necesarios en los centros afectados por las reducciones de jornada lectiva de mayores de 55 años, así como la apertura urgente de negociaciones para establecer un calendario de restitución de las condiciones sociales y laborales del colectivo docente perdidas durante los últimos años en la Comunidad.
Licitación de comedores
La secretaria general del Sindicato Provincial de Enseñanza de CCOO, Igone Aguirre, ha señalado que los pliegos de licitación “carecen de los datos identificativos estipulados por el Estatuto de los Trabajadores para la sucesión de empresas en un mismo servicio a fin de que pueda hacerse efectiva la subrogación de trabajadores”. Señala la omisión de la obligada referencia al convenio colectivo de aplicación en esta actividad laboral. Aguirre afirma que la delegada de Educación en Jaén “está obligada a rectificar la licitación para respetar los derechos de los trabajadores, así como el cumplimiento de la legislación”.
