Independientemente de las responsabilidades penales y políticas que se desprendan del proceso judicial abierto tras la demanda del PSOE de Jaén por la facturas y la actuación a dedo de la empresa Matinsreg y partiendo de que cada uno de los investigados están sujetos a la presunción de inocencia hasta que el juez no se pronuncie, hay algunas cuestiones que son incuestionables. El Ayuntamiento de Jaén, siendo alcalde José Enrique Fernández de Moya, una vez que la concesionaria del mantenimiento de las fuentes ornamentales y el alumbrado público Imesapi abandonó el servicio, encargó trabajos a una empresa llegada desde Toro (Zamora), que emitió facturas muy por encima del precio de mercado de los productos que se dispensaban supuestamente, sobre todo en lo que al cloro y a alguicida se refiere. Al margen también de que se demuestre la urgencia del servicio (si existe informe técnico que arme esa teoría) el precio seguirá siendo el mismo. Es decir, los jienenses, en el momento más grave de la situación financiera municipal, pagaron algo más de tres millones de euros por servicios y productos que ningún técnico comprobó con facturas que cada tres días rondaban los 48.000 euros aproximadamente. Concluya como concluya el caso abierto, ¿quién devolverá a la ciudad esos tres millones de euros?