El equipo de gobierno municipal del PP no parece tener intención alguna de recurrir la sentencia del TSJA que condena al Ayuntamiento de Jaén a pagar más de 4 millones por el traslado del Campo Hípico. En cambio, e PP emitió ayer un comunicado (bajo el membrete del Ayuntamiento) en el que amenaza con llevar la sentencia a la Fiscalía con el fin de “depurar responsabilidades personales” de los responsables municipales que firmaron el convenio urbanístico, apuntando al gobierno de PSOE e IU presidido por la alcaldesa Carmen Peñalver. Para el PP, la sentencia del traslado del Hípico “se trata de un hecho muy grave que supone un importante perjuicio para las arcas municipales”. Y en la nota se hace una cronología de esta actuación urbanística recordando que el Ayuntamiento (en el mandato del exalcalde José Enrique Fernández de Moya, al que no mencionan) interpuso un recurso de apelación ante el TSJA por “una medida tomada por el gobierno de PSOE e IU en relación al caso del Hípico”.
“El Ayuntamiento se encontró con una sentencia judicial de un proceso del mandato 2007-2011 (PSOE e IU) y que suponía que los jienenses tendrían que pagar 4 millones de euros. Se procedió a presentar un recurso de apelación por parte de los servicios jurídicos del Ayuntamiento y que se formuló ante el TSJA”, recuerda el PP en la nota. Y aclaran que el Ayuntamiento consideró presentar este recurso ante el TSJA tras estudiar los informes y convenios que había en torno a esta operación para el desalojo del Club Hípico, que se llevó a cabo por un decreto expropiatorio que hizo el gobierno de PSOE e IU el 22 de julio de 2009 “y que carecía de la firma del técnico municipal, del asesor jurídico, del funcionario competente, del secretario general y que se inició únicamente con un decreto de los entonces responsables municipales”.
El 5 de enero de 2010, recuerda el PP en su comunicado, la Gerencia de Urbanismo pidió un informe al interventor para saber si había consignación presupuestaria para llevar a cabo la expropiación de los terrenos donde estaba el Club Hípico, emitiéndose un informe de financiación negativo. “A pesar de contar con estos informes negativos, se firmó por parte de los entonces responsables municipales un decreto sin contar con ningún órgano consultivo para sacar adelante estas expropiaciones que han dejado en el Ayuntamiento una deuda de 4 millones de euros”, agregan en la nota del PP. Los populares subrayan que el Juzgado señala en la sentencia “que se cumpla el convenio que el equipo de Gobierno de PSOE e IU firmó entre las partes, a pesar del grave perjuicio económico que supone para el Ayuntamiento, porque el propietario de los terrenos tiene firmado un convenio y por lo tanto lo hace valer”. Y añaden: “Incluso la Notaría fue la que paralizó el proceso porque se negó a elevar a público estos acuerdos, ya que tenían dudas al haberse aprobado con informes negativos de la intervención municipal y con reparos verbales del secretario, del jefe de planeamiento y del oficial mayor”. E interpretan que el fallo dice que en caso de algún tipo de irregularidades en este proceso, “que se proceda a depurar responsabilidades personales a los entonces responsables municipales de PSOE e IU”.
