El juicio del caso Matinsreg entra en su recta final. Hoy las partes informarán en la Audiencia Provincial de sus calificaciones y conclusiones definitivas. Según los escritos a los que ha tenido acceso este periódico de la acusación popular y particular, el Ayuntamiento de Jaén elevará su petición de penas para los nueve acusados por la supuesta trama de facturas presuntamente infladas del mantenimiento de las fuentes ornamentales de la ciudad.
De esta forma, según han indicado a Europa Press fuentes municipales, el Ayuntamiento, que ejerce la acusación popular, reclamará para seis de los nueve acusados, incluido el que fuera alcalde de Jaén y secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, ocho años de cárcel y 20 años de inhabilitación absoluta, por delitos que en su caso incluyen la malversación y la prevaricación. En otros de los acusados también contempla la falsedad en documento oficial.
Por otro lado, para los exconcejales Manuel García Anguita y Manuel del Moral, junto con el técnico municipal, ya jubilado, reclamará once años de prisión al sumar el delito de cohecho. Además, de los 20 años de inhabilitación absoluta incluye otros siete años más de inhabilitación para empleo o cargo público y multa de 6.000 euros.
En lo que respecta al gerente de Matinsreg, que reconoció en el juicio haber formado parte de una trama de facturas falsas para cobrar al Ayuntamiento por trabajos no realizados y con sobrecostes vinculados al mantenimiento de las fuentes, el Ayuntamiento pedirá que se contemplen las atenuantes de confesión y reparación del daño (por haber depositado en el juzgado un millón de euros para que fuera puesto a disposición del Ayuntamiento de Jaén). De contemplar estas atenuantes el tribunal, que también pedirá el PSOE como acusación popular, supondría rebajarle la pena, que finalmente se quedaría, entre los tres años y medio y los cuatro años de cárcel.
En lo que respecta al PSOE, su horquilla de penas irá desde los 7 años de cárcel y 15 de inhabilitación absoluta que solicita para seis de los nueves acusados, entre ellos Fernández de Moya, por delitos que incluyen malversación, prevaricación y también en algunos casos, la falsedad documental.
Para tres de los acusados, como son los exconcejales García Anguita y Manuel del Moral, así como para el que fuera técnico municipal, A.S.G., además de los siete años, añade otros tres más como presuntos autores de un delito de cohecho por el que también le reclaman multa de 2.160 euros y siete años de inhabilitación para cargo público.
La acusación particular como la popular consideran que la única mujer que está sentada en el banquillo como acusada merece una condena como cómplice de los delitos de prevaricación, malversación y falsedad documental por el que le reclaman cuatro años en el caso del Ayuntamiento y tres años de cárcel por parte del PSOE.
En cuanto a responsabilidad civil, el Ayuntamiento pedirá que los nueve investigados indemnicen al ayuntamiento en 3,9 millones de euros por el "quebranto real" causado a las arcas municipales.
Ministerio Fiscal
En esta causa, el Ministerio Fiscal ha dejado libre de toda responsabilidad a José Enrique Fernández de Moya y no se espera que haya cambios al respecto aunque habrá que esperar a hoy, una vez que ya ha comunicado que va a haber modificaciones, aunque no sustanciales respecto al planteamiento inicial de su escrito de calificación provisional. Hasta ahora sólo ha venido apuntando a nivel municipal como máximos responsables de la trama al que fuera teniente de alcalde, Miguel Ángel García Anguita, y al entonces concejal de Mantenimiento Urbano, Manuel del Moral, así como al técnico municipal A.S.G.