El efecto que la crisis económica ha dejado en los ayuntamientos es devastador. La imposibilidad de hacer frente a las responsabilidades de pago se hace cada vez más patente, con deudas acumuladas de la última década, y con una situación que evidencia la ruptura del modelo financiero del que hasta ahora se venían abasteciendo las corporaciones locales.

En este contexto, hay un sector que ha resultado especialmente perjudicado por la situación: las empresas proveedoras de servicios. Durante años, los empresarios han ido ofreciendo trabajos a los ayuntamientos que no eran remunerados en el momento, y que se iban acumulando en deudas que han quedado heredadas de años atrás.

Ahora, los nuevos equipos de Gobierno afrontan estas responsabilidades de pago adquiridas de los anteriores gestores con la dificultad añadida que representa la situación económica y la debilidad financiera de las haciendas locales.

En total, los ayuntamientos del Campo de Gibraltar adeudan 340 millones de euros a las empresas proveedoras de estos servicios. La gravedad de esta situación viene reflejada en el hecho de que algunas de estas deudas se remontan, incluso, al año 1999, y que la mayoría de los acreedores son pequeñas y medianas empresas que, sin percibir el dinero que les corresponde, se ven abocadas a situaciones financieras muy delicadas.

La deuda más elevada se registra en el Ayuntamiento de Algeciras, donde los impagos a proveedores han dejado un bigote de alrededor de 150 millones de euros al actual equipo de Gobierno, algunos de ellos sustentados en facturas de hace diez años.

La posición que ha adoptado el delegado de Hacienda, Luis Ángel Fernández, ha sido la de tratar de sanear esta situación mediante la renegociación de las deudas, al objeto de establecer nuevos planes de pago que permitan al Ayuntamiento sostener el equilibrio presupuestario, el pago de las nóminas, la prestación de servicios y, al mismo tiempo, empezar a subsanar los pagos que deben realizarse a las empresas acreedoras.

El segundo municipio en volumen de deuda a proveedores es el de La Línea de la Concepción, donde la Intervención municipal cifra los impagos en 132 millones de euros, a los que se suman más de 45 millones que están reconocidos en sentencias judiciales.

El procedimiento que está llevando a cabo la nueva Corporación que dirige la socialista Gemma Araujo se sustenta en el pago de pequeñas cantidades a los proveedores locales, a los cuales, además, se les condona el dinero que deben percibir con el canje de los tributos municipales.

Para el caso de proveedores de mayor entidad, el Consistorio linense se encuentra a la espera de remanentes de Tesorería que permitan afrontar estas responsabilidades de pago. La situación se hace especialmente grave en el municipio, donde la falta de liquidez está llevando a la Corporación municipal a no poder afrontar, ni tan siquiera, el pago de las últimas nóminas a la plantilla municipal.

En situación igualmente comprometida se encuentra el Ayuntamiento de Los Barrios, donde la deuda con proveedores asciende a los 14 millones de euros. En este caso, el nuevo equipo de Gobierno andalucista está afrontando la delicada situación económica local, donde también hay problemas para el pago de las nóminas, con la elaboración de un plan de saneamiento.

La aprobación de los presupuestos municipales, que ha incluido la amortización de 178 puestos de trabajo para lograr liquidez en las arcas locales, ha permitido que el Ayuntamiento esté en disposición de poner en marcha un plan de pago con los proveedores que, actualmente, se encuentra congelado.

En San Roque, por su parte, la deuda con proveedores asciende a los 29 millones de euros. En este caso, el Ayuntamiento se plantea afrontar su deuda con los proveedores tanto con la línea abierta a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) como el denominado préstamo de legislatura.

En el primer caso, el Gobierno de la Nación obliga a que se destine a deudas anteriores a 2008, por lo que el porcentaje de proveedores locales beneficiarios será relativamente bajo. En el segundo, se trata de una medida por la cual se solicita un crédito a devolver en el plazo de cuatro años, dinero que se quiere destinar principalmente a la deuda con las pequeñas y medianas empresas sanroqueñas.

Las deudas menos significativas se localizan en los ayuntamientos de Jimena, Tarifa y Castellar, las cuales ascienden a 9 millones, 6 millones y 940.000 euros, respectivamente. En los tres casos, los responsables de las haciendas locales coinciden en señalar las dificultades para afrontar estos pagos debido a los obstáculos que plantean las entidades financieras para facilitar créditos a los ayuntamientos.

Deuda con la Seguridad Social
El panorama con el que se han encontrado las nuevas corporaciones locales es desoladores desde todos los puntos de vista, ya que no son pocos los ayuntamientos del Campo de Gibraltar a los que el Estado les ha retenido también sus ingresos por sus deudas con la Seguridad Social.

Al final, las empresas, que han venido prestando durante años sus servicios a pesar de no percibir ningún ingreso por los mismos, se ven víctimas de una situación que congela sus perspectivas de cobro, y que las deja en una indefensión que amenaza su propia subsistencia empresarial. Las deudas que los ayuntamientos han ido generando en los últimos años con la Seguridad Social han derivado en una dificultad añadida, que se concreta en el hecho de que, por este motivo, se les ha congelado la inyección que suponía la Participación de los Ingresos del Estado (PIE).

El caso más flagrante es el de La Línea, donde ya desde el pasado año vienen padeciendo esta situación, con una congelación del cien por cien de los ingresos estatales, lo que añade aún más dificultad para afrontar sus responsabilidades de pago.

Embargos
A ello se han unido en la última semana los ayuntamientos de Los Barrios y Tarifa, dos municipios que se han visto también castigados con la congelación de los ingresos estatales de la PIE por no haber subsanado con anterioridad sus deudas con la Seguridad Social.

La gravedad de estas irregularidades se pone de manifiesto a tenor de las cantidades con las que estos municipios podrían contar para hacer frente a sus obligaciones de pago. Así, la partida correspondiente a estos ingresos en el Ayuntamiento de Tarifa se cifra en 222.270 euros, la cual asciende en el caso del Consistorio de La Línea de la Concepción a los 340.000 euros y a 332.000 en el caso del Ayuntamiento de Los Barrios.

Juicios
La situación de angustia silenciosa que han venido arrastrando en los últimos años muchas pequeñas y medianas empresas como consecuencia de la morosidad municipal ha provocado situaciones muy graves que, en algunos casos, ha abocado a emprendedores a cerrar sus negocios.

Ante esta situación, y después de años de negociaciones para poder cobrar el dinero que les pertenece por la prestación de los servicios a los ayuntamientos, han sido muchas las empresas que se han visto obligadas a recurrir a la vía judicial para reclamar estas cantidades.

Esta situación ha provocado que los nuevos equipos de Gobierno municipales del Campo de Gibraltar, además de tener que enfrentarse a las reclamaciones de cobro de multitud de empresarios, se han encontrado encima de la mesa con sentencias judiciales que les obligan a abonar las cantidades a sus legítimos acreedores.

El arrinconamiento al que los anteriores gestores públicos fueron sometiendo a los empresarios durante años ha provocado una situación irreversible. Los proveedores han metido sus deudas en contenciosos administrativos. Y los han ganado. Ahora, las sentencias judiciales plantean a los nuevos equipos de Gobierno una situación ante la que ya no cabe seguir dilatando el proceso.

Renegociación
Por este motivo, todos los ayuntamientos de la comarca están renegociando estas deudas con las empresas, alcanzando acuerdos que hagan factibles las responsabilidades económicas adquiridas mediante la elaboración de planes de pago para, de forma progresiva, ir subsanando las deudas.

Sólo en el caso del Ayuntamiento de Tarifa, por citar un ejemplo, las sentencias judiciales han respaldado ya una quinta parte de la deuda que los proveedores mantienen con el Ayuntamiento, lo que está obligando al nuevo equipo de Gobierno a renegociar con cada uno de los empresarios.

Las perspectivas, no obstante, no son halagüeñas. De hecho, el propio delegado de Hacienda del Ayuntamiento tarifeño, Juan José Medina, señalaba a este periódico, en relación a la planificación de dichos pagos, que “seguro que en el actual mandato municipal será imposible pagar lo que se debe. Va a hacer falta mucho más tiempo”.