La Fiscalía y la administración concursal de la empresa Urbanos Amarillos, anterior concesionaria del servicio de transporte público, retiraron ayer sus acusaciones contra la exalcaldesa, María José García-Pelayo y los técnicos municipales que participaron en el secuestro de la concesión, a quienes anteriormente habían responsabilizado de que su concurso de acreedores fuera declarado culpable. También retiraron la acusación contra la empresa Comujesa, que fue a través de la cual se gestionó el servicio durante el secuestro.
Por el contrario, las partes mantienen su denuncia contra el Ayuntamiento de Jerez como institución. En cualquier caso, las declaraciones que diferentes testigos realizaron ayer ante el Juzgado de lo Mercantil de Sevilla pusieron de manifiesto que el secuestro permitió normalizar el servicio y no supuso ningún perjuicio económico para la empresa. De hecho, la intervención municipal hizo posible el restablecimiento del servicio de transporte urbano tras largos meses de huelga.
Una vez recuperada la normalidad se incrementó la flota de autobuses y modificaron los itinerarios de las diferentes líneas, lo que propició un aumento en el número de usuarios y una mayor recaudación. Los abogados de los técnicos municipales que habían sido denunciados por la administración concursal entienden por tanto que de las declaraciones de ayer se concluye que el secuestro no agravó la situación financiera de esta sociedad, que ya con anterioridad había acumulado una deuda importante con organismos como la Agencia Tributaria o la Seguridad Social.
La retirada de estas denuncias deja fuera del caso a las personas que habían sido señaladas previamente, como la propia exalcaldesa o técnicos como Milagros Pérez, que fue la interventora técnica del secuestro; o José María Pérez, que era gerente de Comujesa. Se espera que sea el primer paso para que tanto el Ayuntamiento como Comujesa queden excluidos de cualquier tipo de responsabilidad en la quiebra de la empresa sevillana de transporte.
