El Ayuntamiento ha concluido ya el proceso de elaboración del expediente que permitiría la reincorporación de 91 de los trabajadores afectados por el ERE promovido en 2012, siempre y cuando el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) aceptase los acuerdos transaccionales que deben todavía aprobarse en Pleno.
De momento quedarían al margen de esa reincorporación otros 23 trabajadores, aquellos que no recurrieron la improcedencia de sus despidos y que por tanto renunciaron a la posibilidad de que los mismos fueran declarados nulos por el alto tribunal andaluz.
La teniente de alcaldesa de Empleo, Recursos Humanos y Deportes, Laura Álvarez, advirtió en todo caso de que eso no implicaría que las puertas del Ayuntamiento se cerraran de manera definitiva para estos trabajadores, toda vez que el acuerdo que se elevará a Pleno contemplará su reincorporación en el supuesto de que existiera algún resquicio legal que lo permitiera.
Una inesperada petición
Álvarez explicó por otra parte que la convocatoria de la sesión plenaria que debe ratificar este acuerdo no se ha llevado a efecto porque el PP, “después de estar todo un año callado”, ha registrado un escrito en el que solicita que el secretario informe “expresamente” si aquello que se va a aprobar “cumple todos los requisitos legales” para que el Consistorio “pueda transigir en sus derechos reconocidos en las sentencias de instancia”.
“No entendemos cuál es la actitud del PP”, incidió la teniente de alcaldesa, que señaló que la reincorporación de estos trabajadores “no es sólo una cuestión de justicia social, sino una necesidad del Ayuntamiento”, que precisa “personal para prestar sus servicios. Además, Laura Álvarez aseguró que el ERE “obligó a cerrar polideportivos, bibliotecas y a pagar horas extras y compra de libranzas”.
Ganemos e IU discrepan
Tanto Ganemos como IU se mostraron críticos con la actitud del Gobierno, advirtiendo de que quien debe decidir el número de trabajadores que quiere reincorporar es el Pleno y no el Ejecutivo.
Para Ganemos, el hecho de que el Gobierno socialista “haya anunciado su decisión en el minuto de descuento y pretendiendo dejar fuera a una veintena de trabajadores y trabajadoras” es una actitud “acorde con los continuos vaivenes que ha mantenido a lo largo de los meses”, además de resultar una postura “decepcionante”.
Esta formación tiene claro que en este caso no debe decidir el Gobierno local, sino el Pleno, “y que sea el juez, que al fin y al cabo debe homologar los acuerdos, quien tenga la última palabra”. “Preferimos equivocarnos buscando una solución que acabe con la injusticia y llevar todos los casos a que los homologue el tribunal”, sostienen.
El portavoz de IU, Raúl Ruiz-Berdejo, también advierte de que “la reincorporación de los afectados no es una decisión del Gobierno, sino del Pleno”, que por tanto es el órgano que “debe manifestarse al respecto previo informe del interventor”.
“Igualmente, si el interventor pusiera algún reparo con efecto suspensivo al trámite, y según recoge la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, también sería el Pleno el encargado de resolver al respecto, bien plegándose a las indicaciones del interventor, bien levantando dicho reparo en caso de discrepancias con el mismo”, añadió Ruiz-Berdejo.
En lo que sí coincidieron Ganemos e IU con el Gobierno local es en criticar que el PP solicitase un nuevo informe al secretario municipal. “Resulta llamativo que el PP, que perpetró estos despidos arbitrarios e injustos, haya despertado de su letargo en este tema exclusivamente para seguir poniendo palos en la ruedas”, denunció Ganemos. IU, por su parte, consideró “deleznable” la actitud del PP de “intentar generar dudas sobre la legalidad de los acuerdos transaccionales”. “No tuvieron suficiente con destrozar la vida de 260 familias, que también pretenden rematar a los pocos que pueden salir de esa pesadilla”, dijo Ruiz-Berdejo.
