Aseguraba la oposición socialista liberal que había recibido numerosas quejas por parte de los vecinos de Waterport Terraces, quienes afirmaban que les estaban enviando facturas por servicios en los meses de noviembre y diciembre en sus hogares, de los que aún no han tomado posesión.
Señalaba la oposición que por parte del Gobierno, como dirección del citado residencial, era inaceptable que cargaran a los compradores los costes de servicios antes de concluir las obras del residencial. Añadían socialistas y liberales que además consideraban que los cargos por servicios eran comparativamente demasiado elevados, dado que las familias ya han sufrido los costes extras de las hipotecas puente requeridas como resultado directo de los errores del ejecutivo para entregar estas viviendas a tiempo.
Gobierno La administración GSD no tardó en responder a la oposición señalando que una vez más están inventando y distorsionando los hechos. “Las últimas declaraciones sobre Waterport Terraces son inciertas”, denunciaba el Nº6.
El ejecutivo se defendía de las críticas asegurando que a ningún comprador se le ha cargado con costes por servicios que deban ser abonados antes de tomar posesión de sus casas; al igual que ocurre en todos los residenciales, como parte del paquete de finalización enviado por los abogados a los compradores, existe una declaración de la primera carga por servicio del período que corre hasta el 31 de diciembre de 2008; una vez abonado este coste, lo recaudado no será para el Gobierno, sino para la compañía encargada de la dirección del residencial; una vez finalizada la obra, serán los propios vecinos quienes decidan el nivel de los costes por servicios, que dependerán de los trabajos prestados y que ellos deseen disfrutar; el Gobierno no ha calculado los costes de estos primeros servicios, sino que lo ha hecho Brian Francis & Associates, expertos en la materia. Un portavoz del Gobierno añadía que las declaraciones de la coalición, realizadas por Fabian Picardo en nombre de Charles Bruzon, demuestran un falta de conocimiento por parte de un abogado. “El tema de los costes por servicios en Waterport Terraces es exactamente igual que los ocurridos en todos los residenciales que se finalizaron durante la legislatura del GSLP. Sus declaraciones sólo pueden explicarse en base a su sistemático deseo de criticar al Gobierno y distorsionar todo lo que hace”.
Oposición Finalmente la coalición socialista liberal catalogó de ‘histérica reacción’ las declaraciones del Gobierno en respuesta a sus comentarios.
Analizando la coalición los datos ofrecidos por el ejecutivo, señala que sí pueden confirmar que los recibos fueron enviados y que deberán ser abonados antes de la entrega de las viviendas. Por otro lado, declaran socialistas y liberales que nunca han dicho que la recaudación fuera para el Gobierno, aunque sí matizan que todos saben que la compañía que dirige este residencial está integrada por funcionarios gubernamentales.
Para la oposición tanto los compradores de Waterport Terraces como los ciudadanos gibraltareños, quieren saber por qué el Gobierno GSD siempre intenta mentir para zanjar las críticas que se vierten contra él e insultar de forma personal o profesional a los miembros de la oposición, que tan sólo están desarrollando sus obligaciones políticas manteniendo bajo escrutinio las acciones del ejecutivo.
Charles Bruzon, portavoz de Vivienda de la coalición, señala que es desilusionante ver cómo el Gobierno a través de insultos pretende dar solución a los problemas. “Los compradores de Waterport Terraces se están alimentando de los errores del Gobierno, ya sea con respecto a los detalles de los servicios como a las fechas de finalización de sus viviendas”, concluía Bruzon.
