Vivimos muy malos tiempos para las instituciones, que van siendo desprovistas de su independencia. Ello ha sucedido con el Poder Judicial, en que todos los gobiernos han ido aumentando la injerencia hasta la situación actual, con un Consejo dividido en función de las ideologías, con un Tribunal Constitucional en cuya independencia ya no cree nadie y con unos nombramientos basados en el juego político en lugar de en el mérito y la capacidad.
Podemos decir muchos otros ejemplos, como lo sucedido en el Banco de España para pasar de un gobernador con enorme valía y prestigio a un político cogido directamente de su ministerio.
Pero lo que clama al cielo es lo que está sucediendo con la Fiscalía. No podemos olvidar que el artículo 124 de nuestra Constitución dice que “El Ministerio Fiscal tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público, así como velar por la independencia de los tribunales y procurar ante estos la satisfacción del interés social”. Y asimismo establece que por encima de todo sus órganos están sujetos a los principios de legalidad e imparcialidad. Pues de imparcialidad nada y ello ni siquiera se disfraza sino que se exhibe lo contrario.
Además de la gravedad que supone nada menos que a un Fiscal General del Estado se le acuse de revelación de secretos, es esperpéntico lo sucedido con el borrado de su teléfono que pretende amparar en una ley que no existe. Pero me parece aún más increíble su posición no contestando a un juez alegando que éste tiene una certeza que no lleva al descubrimiento de la verdad, cuestionando con ello de forma abierta y frontal la imparcialidad de un magistrado del Supremo. Más inaudito aún me resulta que la fiscal del caso no formule preguntas alegando que la instrucción es nula porque pende un recurso contra la entrada y registro, como si lo procedente siempre que se haya formulado recurso en un proceso indicando una posible inconstitucionalidad la Fiscalía con ello renunciara a preguntar. Es insólito y por supuesto nunca sucede.
Y también me apena el papel que está jugando la admirada Abogacía del Estado promoviendo querellas insostenibles en defensa personal del Presidente o ahora jugando a este espectáculo de que un Fiscal General del Estado sostenga nada menos que en el Supremo una estrategia de defensa como la que estamos viendo. Siento verdadero dolor por ese deterioro institucional que sufrimos y que va minándolo todo.
