Con el auto de un juez, Adepa, asociación sin ánimo de lucro, una vez más ha demostrado que la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Sevilla han burlado los trámites de ley con referencia a la protección del patrimonio cultural en Sevilla. En teoría, la obligación de un gobierno democrático es tener abierta la posibilidad de un diálogo enriquecedor permanente con los ciudadanos interesados en lo público. Según Adepa eso no ha sucedido. La única forma de alcanzar la ciudadanía es ejercerla. En democracia, también discrepando.


Por razones históricas, técnicas, artísticas, urbanas, paisajísticas, de antigüedad, de magnitud, de identidad cultural, las Atarazanas merecen una conservación activa para evitar el proceso de deterioro que han soportado durante los últimos veinte años. Nadie lo pone en duda.


En defensa del proyecto arquitectónico se han manifestado en una Mesa Redonda realizada en la Biblioteca Pública destacados catedráticos y arquitectos españoles premiados y con reconocimiento internacional; el Colegio de Arquitectos y más de treinta artistas, entre ellos, Carmen Laffón, Moneo (premio Pritzker) e intelectuales que publicaron un manifiesto de adhesión.


¿Qué se cuestiona? 1º, el uso (Espacio de Diálogo con América) decidido por la Junta (propietaria) y la Fundación privada la Caixa (concesionaria e inversora); 2º, la propuesta del arquitecto Guillermo Vázquez Consuegra, ganador en un concurso hecho con invitación, ajustado a un presupuesto reducido.
Las discrepancias, en resumen, son las siguientes:


La insuficiente investigación arqueológica bajo la responsabilidad de un catedrático con una participación sin mucho éxito en algunos casos similares; el incumplimiento de la normativa del Plan Nacional de Arquitectura Defensiva y del PGOU; el aumento de edificabilidad dedicado a una cafetería; la omisión de un Plan Especial;  la intangibilidad no respetada, que obliga a una íntegra recuperación del edificio “original” incluyendo el nivel que tenía en el siglo XIV a más de cinco metros bajo el de la calle; la dudosa, agresiva e irreversible intervención en las zapatas y en los pilares que soportan; la equivocada propuesta de la planta baja como gran lonja cívica; la destrucción de algunas partes o piezas construidas y añadidos después del siglo XVIII en la planta alta y en la baja; el inadecuado uso propuesto (se ha sugerido que sea museo) y el aumento de edificabilidad dedicado a una cafetería.


La mayoría de las observaciones defendidas con criterios generales, subjetivos y emocionales han sido respondidas una a una -se puede decir- de manera satisfactoria. La observación más crítica hace referencia a la consolidación de la fatigada estructura propuesta por el proyectista. El juez piensa que dejará huellas irreversibles y, por precaución, ha suspendido la licencia de obras. Prolongando la lógica del magistrado en teoría de manera imperativa, se deberá remover, desalojar el actual relleno gracias al que las Atarazanas no cayeron en 1755 (terremoto de Lisboa) y con sus resultados, deducir la posibilidad más adecuada para consolidar su estructura. Solamente así se sabrá cómo rehabilitarlas, o sea asignarles un nuevo uso.

Quizá entonces se piense que no estaba mal justificado el proyecto de Vázquez Consuegra, cuya idea principal y básica es la integración de la planta baja a la ciudad, para convertirla en una gran Lonja Cívica de Sevilla. En el lado oriental podrá verse la excavación que se realizará hasta descubrir toda la antigua muralla. Sugerente e innovadora iniciativa para fusionar el espacio privado y el espacio público en una pieza urbana, dinamizadora de todas las actividades que se desarrollan en el entorno del Patrimonio Cultural de la Humanidad, del cual forman parte la Catedral, el Archivo de Indias y el Alcázar.


¿Qué hará la Junta si la Fundación la Caixa (privada) desiste de su empeño? Adepa insiste en dialogar.