En capítulos anteriores, el “gobierno del cambio” descubrió que había medio millón de personas que no figuraban en las listas de espera oficiales del SAS, que 7.200 profesionales del ámbito sanitario habían decidido marcharse de Andalucía en busca de mejores destinos durante los últimos años, que éramos la comunidad autónoma que invertía menos dinero per cápita en Sanidad, que había centros de salud y hospitales sin terminar o, directamente, sin hacer, que se hacían contratos de sustituciones por días, que había equipos obsoletos... Sin embargo, diez meses después, la herencia como descargo ya no da para más, y al “gobierno del cambio” le está costando cerrar su primera temporada sin sobresaltos. 

Los datos son ciertos; y entre los más sangrantes se encuentra el relativo al gasto sanitario per cápita, que no experimentó variación alguna entre 2010 y 2018: estamos a 266 euros de la media española, y si nos comparamos con la comunidad que más dinero dedica a sanidad por habitante, el País Vasco, la diferencia se amplía hasta los 569 euros. La culpa, por supuesto -pregunten a cualquiera del PSOE-, siempre fue del PP, el mismo que acaba de anunciar un presupuesto récord en Sanidad para reinvertir la tendencia: más de once mil millones de euros en 2020. La realidad, no obstante, le ha revelado que no es sólo una cuestión de dinero, sino de gestión, y ya se ha cobrado la destitución del gerente del SAS, incapaz de hacer frente a la creciente ola de protestas por parte de los profesionales de los centros sanitarios por las bajas no cubiertas y los contratos no renovados tras el verano. Diez meses después, y con presupuesto propio, de poco vale ya excusarse o escudarse en el pasado, o en escándalos como el de las vacunas, salvo para testimoniar las consecuencias de un virus primigenio al que las nuevas recetas siguen sin dar cura.

El “gobierno del cambio” insiste en que “en diez meses es imposible arreglar lo que otros no hicieron en cuarenta años”. En realidad es absurdo pensar que no se hubiera hecho nada en cuarenta años, incluso pretender que se acepte como cierto, del mismo modo que diez meses se antojan un escaso margen para solucionar tantas asignaturas pendientes, aunque sí ha podido ser tiempo suficiente como para responder a unas expectativas que se han ido deshaciendo con el descrédito de los hechos.

Así, del plan de choque para hacer frente a las listas de espera e incrementar la actividad quirúrgica hemos vuelto a las protestas ante las puertas de los hospitales. Hemos regresado a la temporada anterior, y de poco vale alardear de dígitos en el presupuesto mientras persista la sensación de que poco ha cambiado, y no sólo para la plantilla de la sanidad pública, sino para los propios usuarios y pacientes, que son quienes padecen la consecuencia directa de la falta de médicos, enfermeros, auxiliares y celadores en sus centros de salud o en las urgencias.

El problema para el “gobierno del cambio” es que el diagnóstico ya no procede de arriba, sino que viene desde abajo, de parte de los que padecen las carencias o los ajustes presupuestarios, que acumulan una tras otra la difícil experiencia de asumir su trabajo y el de los compañeros cuyas bajas o jubilaciones no se cubren, lo que además de ir en perjuicio de la calidad asistencial, va en detrimento del ánimo de los propios médicos. Ya no se trata de criticar lo que hicieron los demás, sino de asumir lo que te atribuyen como consecuencia de tu propia gestión; y, más aún, de saber dar respuesta a partir de la experiencia de quienes afrontan ese día a día sin aspiraciones políticas, sino por el mero hecho de prestar el mejor servicio público sin tener que pagar con su propia salud. “Pueden criticar lo que había antes, pero si no invertimos, por mucho que los médicos de familia organicen sus horarios, es imposible llevar a cabo las sustituciones”, señalaba esta semana José Luis Maiztegui, de CCOO. Si no lo hacen, al “gobierno del cambio” no le quedará otra que terminar la temporada con un “continuará”.