Intensificar las acciones para combatir el crimen organizado y el fraude fiscal en la Costa del Sol y reforzar la lucha contra las mafias mediante la aplicación de una serie de medidas serán las demandas que IU llevará este miércoles a la Comisión Informativa de Modernización Local y Especial de Cuentas de la Diputación de Málaga con el objetivo de que sean aprobadas por la Corporación provincial y trasladadas al Gobierno central para su ejecución.
Así, IU plantea en esta moción la puesta en marcha de medidas "efectivas" para luchar contra el crimen organizado, exponiendo por ejemplo que exista una coordinación en el espacio judicial y policial internacional mediante la extensión de un acuerdo a escala mundial, fundamentado en "un compromiso firme de principios y acciones concretas que permitan golpear a esta tipología delictiva en sus aspectos troncales".
Completa eliminación de los paraísos fiscales; confiscación de los bienes y los entramados empresariales de las organizaciones criminales; lucha contra la corrupción, tanto en el ámbito de las instituciones públicas como en la esfera privada; creación de un servicio de inteligencia especializado en el crimen organizado y coordinado a nivel supranacional, o dotación suficiente de recursos materiales y humanos a los cuerpos judiciales y policiales, especialmente en lo referido a medios tecnológicos, personal y traductores e intérpretes, son otras de las propuestas que defenderá IU.
Igualmente, apostará por la elaboración de una nueva ley de arrepentidos y de protección de testigos, como mecanismos esenciales para obtener información sobre grupos, individuos, estrategias y operaciones criminales futuras o en curso; la clarificación y armonización de forma operativa de los mandatos de arresto internacional y extradición, salvando el obstáculo de las fronteras y legislaciones nacionales, y la creación de un observatorio especializado, con un carácter multidisciplinar, que abarque la problemática de este fenómeno y sirva para la recogida de información y el impulso de una conciencia ciudadana de rechazo a estos grupos.
Por último, hará hincapié en el impulso de la justicia social internacional mediante un aumento de los programas de ayuda al desarrollo, una implicación decidida en la defensa de los derechos humanos y la erradicación de regímenes totalitarios, así como la puesta en práctica de programas culturales, formativos y de inserción laboral para las personas en exclusión social o en riesgo de estarlo, ya que "son las preferidas por las mafias para su reclutamiento", ha advertido la portavoz de IU en la Diputación, Antonia Morillas.
DELITOS FISCALES
En cuanto a los delitos fiscales, IU aboga por incrementar el plazo de prescripción penal para perseguirlos hasta los 10 años; eliminar la excusa absolutoria; considerar como circunstancia agravante la comisión del fraude mediante la utilización de paraísos, y establecer la pena de inhabilitación especial para actuar como administrador, apoderado, directivo o representante de cualquier entidad mercantil durante el periodo de seis meses a seis años.
Defiende, asimismo, que se tipifique como un nuevo delito el ofrecimiento al mercado de servicios idóneos para la defraudación tributaria, ha señalado a Europa Press la representante de la coalición de izquierdas en la entidad provincial.
Según se indica en la moción, también es necesaria la creación de una policía fiscal, dependiente de la Agencia Tributaria, en la que se integrarían unidades especializadas del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil, junto a las de Vigilancia Aduanera.
Estas unidades mantendrían su dependencia orgánica respectiva, aunque bajo la funcional de la denominada Oficina de Lucha contra el Fraude. Y es que, según ha resaltado Morillas, la creación de una policía fiscal es un elemento "clave" para combatir este fenómeno, poniendo como ejemplo de ello las acciones llevadas a cabo por Estados Unidos o Italia.
De igual modo, Izquierda Unida considera importante la especialización en esta materia de jueces y fiscales, de modo que "puedan abordar con garantías de éxito la investigación, el descubrimiento y el castigo".
En la iniciativa se habla también de imponer una responsabilidad solidaria a despachos e instituciones que comercialicen productos diseñados con técnicas de ingeniería fiscal. Y, de igual modo, de arrinconar a los que se sirven de los paraísos fiscales, no reconociendo, para ello, personalidad jurídica a las sociedades constituidas en tales puntos para intervenir en el tráfico mercantil español; estableciendo un gravamen especial sobre movimientos de fondos con paraísos fiscales, o prohibiendo que las entidades bancarias españolas tengan filiales o sucursales en dichos territorios.
AJUSTES DE CUENTAS
Para justificar la presentación de esta moción, Morillas ha recordado los últimos dos tiroteos que han tenido lugar en poco más de una semana en los municipios costasoleños de Marbella y Benahavís y que se saldaron con sendas personas fallecidas, siendo el ajuste de cuentas la principal hipótesis barajada por los investigadores.
También ha hecho referencia la diputada provincial de Izquierda Unida a que, según varias informaciones oficiales, "el 31 por ciento de las bandas criminales que operan en España tienen presencia en la Costa del Sol, que cuenta con 120 grupos mafiosos".
De hecho, ha incidido en que el 80 por ciento de las solicitudes judiciales que se tramitan desde los distintos países europeos hacia la justicia española tiene alguna conexión con Marbella o la Costa del Sol en general. Además, ha apuntado que "el 65 por ciento de la droga que se vende en Europa pasa previamente por España y, buena parte de ella, por los municipios costasoleños".
Otro factor que ha destacado la portavoz de IU es la proximidad de la Costa del Sol a "paraísos fiscales como Gibraltar". En suma, ha opinado que "el anonimato de su población cosmopolita y la movilidad de flujos turísticos, así como la calidad de vida que ofrece, estimulan el asentamiento de estos criminales en el litoral malagueño".
Pero también otros factores incitan a su asentamiento en la Costa del Sol, mencionando "la permisividad existente a causa de la infradotación de la judicatura y la falta de efectivos policiales, sobre todo de grupos especializados con medios y recursos suficientes; el amparo de profesionales --abogados, gestores financieros, etcétera-- para colaborar en la urdimbre de sociedades y los entramados de ingeniería financiera, o el crisol de oportunidades para el blanqueo de capitales procedentes de negocios turbios".
