La Audiencia de Málaga ha confirmado la condena a tres personas, dos hombres y una mujer, por estafar unos 36.000 euros a tres hombres con un supuesto negocio para la instalación de huertos solares. Así, se le impone dos años y cuatro meses de cárcel a cada uno y que indemnicen solidariamente a los perjudicados con las cantidades entregadas. Un cuarto procesado ha sido absuelto.
Según se declaró probado en la sentencia del juzgado, y consta en la resolución de la Audiencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, dos de los acusados constituyeron una sociedad y, con la ayuda del tercer procesado y actuando en nombre de ésta, contactaron con los perjudicados a los que les informaron de un supuesto negocio "que les daría grandes beneficios".
Esta iniciativa se trataba de la instalación de huertos solares y para llevarlo a cabo se realizaron, dice la sentencia, contratos de subarrendamiento en los que se manifestaba que o la empresa o uno de los procesados era arrendatario de una finca situada en el municipio granadino de Darro y que esa parcela se alquilaba para la instalación de un huerto solar.
En este punto, los perjudicados, "actuando en la creencia de la realidad de la inversión prometida", entregaron cada uno la cantidad de 12.000 euros. Los acusados, señala la resolución, "no tenían desde el inicio la intención de hacer efectiva la instalación del huerto solar", de forma que sólo hicieron estas negociaciones "con el objetivo de conseguir la entrega del dinero".
Así, se condenó a tres acusados por un delito de estafa y se absolvió a otro. La sentencia fue recurrida por las defensas, aunque la Sala rechaza las alegaciones, al considerar que la finalidad de los procesados "no fue otra que la de proporcionarles una apariencia de veracidad del negocio", pese a que "eran conscientes" de que el mismo "carecía del mínimo sustento de realidad y viabilidad".
El Tribunal entiende que en este caso se "excede" de lo que puede considerarse "el posible riesgo inherente a todo negocio y que en ocasiones puede llevar a frustrarlo", ya que insiste en que se dio apariencia de veracidad a "un proyecto irreal e inviable", por lo que concluye, igual que el primer juez, que esta actuación de los acusados "debe ser criminalizada" al ser un delito de estafa.
