El Grupo Municipal de Izquierda Unida ha criticado esta mañana en rueda de prensa los presupuestos municipales sobre los que ha señalado que “están elaborados de espaldas a la ciudadanía” y ha anunciado la presentación de 5 alegaciones a los mismos por un valor de 5 millones de euros con las que “garantizar compromisos transformadores adquiridos con la gente”.

Estas alegaciones incluyen el mantenimiento del programa de presupuestos participativos con la misma dotación asignada con el gobierno anterior, esto es, 2 millones de euros para 2018, “políticas de justicia social eliminadas por el PP y OSP como la Oficina Antidesahucios, un plan para la eliminación de las barreras arquitectónicas en edificios municipales o la construcción de un Centro Juvenil”, ha señalado el portavoz de la formación, Miguel Díaz.

La concejala y viceportavoz de la formación, Victoria Morales, ha señalado que los presupuestos municipales de 2018 debería incluir “la cuantía de 59.290€ para la Licitación de la prestación del Servicio de Intermediación y acompañamiento Hipotecario y asesoramiento a ocupantes de viviendas propiedad de Entidades Bancarias, así como contemplar la misma cuantía para el siguiente presupuesto para que sea una prestación bianual, prorrogable por otros 2 años más”.

Para Morales resulta “incomprensible que el equipo de gobierno de PP y OSP haya renunciado a un servicio cuyo expediente ya estaba tramitado” y que se haya cambiado el objeto del servicio  a través de un convenio con el Colegio de Abogados, “un Convenio que hemos solicitado por escrito para poder conocer los extremos del mismo y que no nos ha sido facilitado a día de la fecha”

Izquierda Unida se ha mostrado muy dura con los nuevos procedimientos de concesión de subvenciones a entidades de carácter social y ha exigido en forma de alegación que “la Delegación de Derechos Sociales vuelva a cumplir la Ley General de Subvenciones, que se establezca como procedimiento ordinario para la concesión de subvenciones el régimen de concurrencia competitiva y que para la concesión de subvenciones de forma directa se justifique el carácter excepcional o se acrediten las razones de interés público, social, económico o humanitario u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública.