La sección segunda de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional ha ordenado al juez Baltasar Garzón que practique nuevas pruebas en la causa abierta sobre el chivatazo que supuestamente alertó a ETA sobre una operación policial contra su red de extorsión en 2006.

Así lo ha acordado en un auto en el que sostiene que Garzón debe llamar a declarar a tres policías que participaron en la investigación, entre ellos dos miembros de la Brigada Provincial de San Sebastián a los que identifica como “Unai” y “Sugoi”, así como solicitar a Francia documentación relativa al tráfico de llamadas procedentes de la cabina desde la que el dueño del bar Faisán, Joseba Elosua, realizó las llamadas.

También pide a las autoridades galas otra documentación relativa a las “observaciones telefónicas que se realizaron a Calau Aldanur –miembro del aparato de extorsión de ETA–, tanto del teléfono fijo como del móvil”.

La sala afirma que los hechos son constitutivos de un delito de revelación de secreto y de colaboración con banda armada, “hechos que de ser realizados por miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado adquieren una gravedad sin precedentes en la historia de la lucha contra el terrorismo en España”.