La Sala de lo Penal del TS acordó el pasado 12 de mayo, por unanimidad de sus cinco magistrados, devolver las actuaciones al magistrado instructor del TSJCV, José Flors, para que siga investigando al president de la Generalitat, Francisco Camps, al ex secretario general del PPCV Ricardo Costa, el ex vicepresidente del Consell Víctor Campos y el ex jefe de gabinete de la Conselleria de Turismo Rafael Betoret.
El Supremo considera que los trajes y regalos que Camps aceptó supuestamente “de forma repetida” de la empresa Orange Market -dirigida por Álvaro Pérez ‘El Bigotes’, considerado responsable de la red ‘Gürtel’ en Valencia-, pueden constituir un delito de cohecho impropio.
“Los regalos de las prendas de vestir aparentemente se hicieron de forma repetida, con aparente opacidad y sin que en este momento conste otra justificación que la atención a la función pública desempeñada por sus perceptores”, afirma el Supremo, que justifica así su decisión de reabrir la parte del ‘caso Gürtel’ que afecta al president de la Generalitat.
La sentencia afirma que para que haya delito de cohecho pasivo impropio basta con la aceptación de un regalo entregado en consideración al cargo.
Fuentes del TSJCV se han limitado a emplazar a la próxima semana para conocer más detalles sobre los efectos judiciales de la recepción de esta sentencia.
Por otra parte, el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, defendió ayer el trabajo “profesional y objetivo” de los jueces y fiscales en España, ante las denuncias del PP sobre la supuesta ocultación de pruebas exculpatorias para el presidente valenciano, Francisco Camps, en la investigación del caso Gürtel.
Caamaño, que presidió en Luxemburgo el último consejo de ministros de Justicia de la Unión Europea, señaló que “el PP, cuando se ve acosado ante los tribunales, siempre tiende a cuestionar a los profesionales” de la Justicia. Además dijo que el PP “ya lo hizo con los jueces y ahora lo está haciendo con los fiscales”.
