El Gobierno de la Generalitat envió ayer al ministro de Economía, Pedro Solbes, un documento en el que fija sus propias condiciones para poder aceptar el nuevo modelo de financiación e insta al Gobierno español a “reformular” su última propuesta para dar cumplimiento a lo que establece el Estatut. 

El secretario general del departamento de Economía de la Generalitat, Martí Carnicer (PSC), el secretario de Industria y Empresa, Antoni Soy (ERC), y el secretario general de Interior, Joan Boada (ICV-EUiA), han presentado el documento tras reunirse la parte catalana de la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales. 

El informe, de diez páginas, incluye una lista de puntos en los que detecta “avances” en la propuesta del pasado 30 de diciembre de Solbes con respecto a la que ofreció en julio, pero enumera también sus “insuficiencias” con respecto a lo que establece el Estatuto y alerta de que, “en su estadio actual”, el texto del Gobierno español “no permitiría llegar a un acuerdo” con el ejecutivo catalán. 

La Generalitat ha querido transmitir firmeza negociadora ante el Estado: “Negociaremos hasta la extenuación, pero lo que no haremos es dar nuestro acuerdo a un mal acuerdo”, advertió Carnicer, que ha evitado fijar plazos límite para alcanzar o no el pacto. 

El documento, titulado Observaciones de la Generalitat de Cataluña a la propuesta base para un acuerdo de reforma del sistema de financiación de las comunidades autónomas (30 de diciembre de 2008), detecta un total de 11 “insuficiencias” del modelo de Solbes, al que además achaca falta de “concreción cuantitativa”. 

Las insuficiencias que según la Generalitat mantienen de momento alejado el acuerdo sobre financiación se resumen en que el plan de Solbes “no garantiza que se cumplan todos los preceptos” que marca el Estatuto en materia de financiación, tampoco garantiza que “se produzca un cambio real” con respecto a la situación actual” y “es imposible valorar el modelo sin conocer las cuantías y porcentajes”. 

Más en concreto, la Generalitat pide un cambio del sistema para garantizar que los ingresos de las comunidades autónomas se vinculen a los impuestos pagados por sus ciudadanos y que haya “un mecanismo de nivelación solidario y eficiente, que acerque las posiciones relativas” de las distintas autonomías “pero que no las invierta”. 

El gobierno catalán acepta que “pueda ser un modelo gradual” y no se alcance el cien por cien de los resultados desde el primer ejercicio, pero siempre que quede muy claro el cambio de sistema. 

La Generalitat exige que el modelo se adecúe al Estatut y se dividan los recursos autonómicos en dos bloques: los destinados a educación, sanidad y servicios sociales, que se nivelan completamente, y el resto de recursos.





REUNIÓN CON VIVAS E IMBRODA





La vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, informó ayer de que José Luis Rodríguez Zapatero, se reunirá “probablemente la semana que viene” con los presidentes de Ceuta y Melilla, Juan Jesús Vivas y Juan José Imbroda, para abordar el nuevo modelo de financiación. 

De la Vega respondió así al hecho de que ayer Zapatero concluyera una ronda de contactos con todos los presidentes de las comunidades de régimen común y no recibiera a los dirigentes de Ceuta y Melilla, lo que ambos mandatarios calificaron de afrenta a las dos ciudades autónomas. 

La vicepresidenta también explicó que la próxima semana el Gobierno añadirá al documento sobre financiación “cifras concretas” de lo que va a suponer el modelo a las comunidades autónomas.