El Gobierno aclaró ayer a la embajadora de Bolivia en España, Carmen Almendras, que todas las detenciones y devoluciones de bolivianos han sido conformes a la ley y que en ningún caso ha habido allanamientos de sus domicilios por parte de la policía. 

Los secretarios de Estado para Iberoamérica, Trinidad Jiménez, y de Seguridad, Antonio Camacho, se reunieron ayer con Almendras en el Ministerio de Exteriores después de que la embajadora denunciara el pasado viernes ante la prensa un aumento de las quejas por la forma en que se hacen los controles y las detenciones de bolivianos. 

Jiménez y Camacho reconocieron a la embajadora que hubo un aumento de repatriaciones, pero justificado por la aplicación de los supuestos que establece la Ley de Extranjería para devolver a un inmigrante, según han informado a Efe fuentes de Exteriores. 

Estas devoluciones han afectado a bolivianos condenados a penas privativas de libertad por la comisión de un hecho delictivo sancionado con pena inferior a seis años, o a expedientados por una situación administrativa irregular, añadideron las fuentes. 

La embajadora admitió el pasado viernes que un 70% de los alrededor de 250.000 bolivianos residentes en España están en situación ilegal. 

Según datos del Ministerio de Trabajo e Inmigración, el número de bolivianos que viven legalmente en España a fecha 30 de septiembre del pasado año era de 68.422. 

Jiménez y Camacho rechazaron de plano que la policía esté practicando allanamientos de morada como los que denunció Almendras que se practican en viviendas de bolivianos en Valencia. 

También le hicieron ver a la embajadora que expresar su protesta compareciendo ante los periodistas “no es la manera más adecuada” de hacerlo, ni de poder aclarar las dudas, apuntó las fuentes. 

El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ya contestó a Almendras el pasado sábado asegurando que sus comentarios no eran “de recibo”.