Alejandro Fernández, el joven granadino condenado a cinco años de cárcel por pagar 79,20 euros con una tarjeta que resultó ser falsa, está ya resignado a ingresar voluntariamente en la tarde de este martes en la prisión de Albolote (Granada) después de que no hayan prosperado las distintas acciones que ha emprendido para evitar este desenlace, entre ellas la petición de un indulto que el Gobierno le ha denegado.
El joven ha lamentado en declaraciones Europa Press que existan informes desfavorables de la Audiencia Nacional y de la Fiscalía a su indulto, que fue rechazado por el Consejo de Ministros el 18 de marzo, cuando él está "totalmente reinsertado en la sociedad", con un "trabajo y una vida estable".
Considera que "cometió un error" y que su ingreso en prisión es una "injusticia", por lo que "peleará desde dentro" para demostrarlo.
Alejandro ha explicado que fue en 2010, con 18 años recién cumplidos, cuando se dirigió a Málaga con un amigo que le dio una tarjeta con su nombre y apellidos que resultó ser falsa, con la que pagó en un supermercado bebidas alcohólicas para su acompañante y un batido de chocolate para él, por los que pagó esos 79,20 euros.
Él desconocía el fraude y que su amigo, hoy en busca y captura, perteneciera a un grupo dedicado a clonar tarjetas. "Era una persona de mi confianza, veinte años mayor que yo, y que me había ayudado mucho. Cuando me dijo que era una tarjeta monedero para no llevar dinero encima, con mi nombre, yo pensé que era verdad".
Su abogado, Javier Gómez Rosales, ha lamentado en declaraciones a Europa Press que el ingreso en prisión de su cliente vaya a producirse tras no salir adelante ninguna de las medidas que se han tomado para evitarlo.
Igualmente, ha querido aclarar que los informes desfavorables al indulto que han emitido la Fiscalía y la Audiencia Nacional "no son vinculantes, de modo que el Ministerio de Justicia se lo podría haber concedido igualmente", especialmente teniendo en cuenta que es una condena "desproporcionada".
También ha censurado que Alejandro vaya a entrar en prisión sin que el Gobierno le haya trasladado oficialmente la negativa a concederle el indulto y por tanto sin conocer "realmente en qué se ampara el Ministerio para decirle que no".
De hecho, estudia emprender algún tipo de acción contra esa "falta de información" que a su entender ha padecido su cliente, en tanto que los informes desfavorables de la Audiencia y el Ministerio Fiscal no le fueron comunicados hasta el lunes pese a que fueron emitidos en septiembre de 2015.
A partir de ahora, "la lucha se centrará en que Alejandro permanezca en la cárcel lo menos posible", según ha agregado el abogado, que presentó recientemente un recurso de reposición ante la Audiencia Nacional, que lo condenó inicialmente a 12 años de prisión por pertenencia a banda organizada y estafa y después le rebajó la pena a cinco.
