Los trabajadores despedidos de la Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir (MMBG) que actualmente se encuentra en proceso de disolución y que aglutina a once ayuntamientos de las provincias de Cádiz y Sevilla, han responsabilizado a la presidenta de la entidad, María José Fernández (PSOE) de crear la mitad de la deuda del organismo, cifrada en 51,7 millones de euros.
En un comunicado, los trabajadores han trasladado su apoyo a la Plataforma de Afectados por los Impagos de la Mancomunidad, a la que se han unido para reclamar a los ayuntamientos miembros el cumplimiento de las sentencias judiciales que les condenan al pago de los salarios atrasados y las indemnizaciones por despido. De hecho, y en relación a la deuda, los trabajadores señalan que de los 51 millones, sólo siete corresponden a lo adeudado a los más de 500 empleados que fueron despedidos y, del resto, "más de la mitad la ha generado la presidenta Fernández desde el anuncio del cierre", según reconocería un informe elaborado en 2010 para el saneamiento de la Mancomunidad del Bajo Guadalquivir.
"Casi dos años después de que los alcaldes dejaran de atender sus pagos en la Mancomunidad, tanto trabajadores como proveedores siguen sin cobrar y los alcaldes sin asumir sus responsabilidades tanto económicas como políticas", señalan en el escrito en el que ponen de manifiesto la intención de la Plataforma de emprender acciones judiciales por vía penal contra la presidenta de la MMBG y todos los alcaldes por incumplimiento de sentencia y malversación de fondos públicos. Estas acciones las van a enfocar, además, hacia los alcaldes de Sanlúcar de Barrameda, Rota y Chipiona, al ser quienes no apoyaron el informe de liquidación de la Comisión Liquidadora. Los consistorios de Sanlúcar y Chipiona justificaron la semana pasada su voto negativo al informe, al no estar de acuerdo en el criterio para el reparto de la deuda (ver noticia relacionada).
