La inspección de Educación considera que el colegio calasancio Divina Pastora de Sanlúcar de Barrameda, podría haber incumplido la normativa relativa a la selección y contratación de personal del centro. En un informe elevado a la inspectora general de Educación, el jefe del servicio provincial de inspección de Educación de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte de Cádiz propone la apertura de un expediente sancionador. Los incumplimientos se habrían producido en el proceso por el que el centro buscaba cubrir la vacante del docente que denunció su no renovación en el colegio por motivos de homosexualidad.
Tal y como se recoge en el informe del inspector de educación al que ha tenido acceso este medio, el colegio Divina pastora ha podido vulnerar la normativa sobre contratación del profesorado "por cuanto que ha realizado un procedimiento de selección de personal para una plaza inexistente, puesto que no había comunicado la extinción del contrato de relevo de la plaza presuntamente vacante y, además, no realizó el acto de publicidad del mismo en el tablón de anuncios del centro, con carácter previo". De igual forma, el informe del inspector recoge que "no consta que el Consejo Escolar del centro tenga aprobados los criterios de selección, con atención preferente a los principios de mérito y capacidad" como establece la ley. Además, denuncia que según la información del inspector objeto de este informe, "las entrevistas para la selección fueron realizadas por un representante de la titularidad que se desplazó expresamente desde Madrid para tal fin, no habiendo constancia de que en ellas estuviese también presente la dirección del centro" como sería preceptivo. Al parecer, el docente al que no renovaron el contrato fue entrevistado junto a otras tres candidatas para un puesto cuya vacante no había sido anunciada. El día que se le comunicó al mismo su no renovación, fue cuando se publicó la vacante en el tablón de anuncios del colegio, proceso por el que la inspección de Educación ha propuesto la apertura de expediente.
Hay que recordar que el profesor al que no se le renovó el contrato interpuso una demanda contra el colegio al entender que en su no renovación se había producido una vulneración del derecho fundamental a la orientación sexual. La demanda fue desestimada por el juzgado de lo social número 3 de Jerez de la Frontera, si bien la Fiscalía del Estado solicitó la readmisión del docente.
El profesor, Vicente Ramírez, hasta ahora delegado municipal de Igualdad y Nuevas Tecnologías en el Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda, anunció entonces la presentación de un recurso basándose precisamente en que "lo recogido en el informe que utilizó el colegio como escudo sólo se basaba en la versión aportada al inspector por parte del centro, sin contrastar con otros documentos y evidencias que fueron ocultadas por la dirección del colegio para protegerse de la denuncia". El informe emitido ahora por el inspector de Educación es el resultado de la reclamación iniciada por el docente quien considera que este nuevo documento "otorga un giro importante al caso". En este sentido, Ramírez se muestra optimista de cara al recurso interpuesto dado que "ve probado en este documento las ilegalidades cometidas por el colegio para enmascarar los motivos homofóbicos que envuelven su terminación del contrato".
En su valoración sobre el informe del inspector de Educación afirma que "los testigos aportados por el centro al primer juicio participaron de la ocultación de esas ilegalidades, como un sacerdote que, ante la jueza, evitó relatar las razones homófobas que en privado reconoció, escudándose en un supuesto secreto de confesión". "Supuesto secreto de confesión que no dudó en violar cuando se reunió con el primer inspector, y así consta por escrito, al describir la conversación mantenida con el profesor con el ánimo de desacreditarlo y beneficiar al colegio", añade. De la misma manera, señala que "algunos de los testigos aportados por el centro llevaron su manipulación al extremo de negar correos electrónicos escritos y mandados por ellos mismo al profesor en los que reconocían las verdaderas causas de la terminación del contrato".
El profesor se reafirma en que entre las pruebas grabadas por él mismo y aportadas al proceso judicial "figuran afirmaciones de responsables del centro como que ser gay molesta, que valora la profesionalidad del profesor pero no se puede dejar llevar por ello, o que los niños con esa tendencia lo pasan mal en este colegio porque la comunidad reacciona bastante mal".
