La Junta de Andalucía, a través su Delegación del Gobierno en Cádiz, ha promovido la constitución de una mesa de trabajo para coordinar las actuaciones y la participación de las distintas administraciones en el ámbito de sus competencias contra el marisqueo furtivo de coquinas que está teniendo lugar en Sanlúcar de Barrameda, en el entorno del Parque Nacional de Doñana.
Según explica la Junta en una nota, las actuaciones que se van a llevar a cabo tienen como objetivo controlar el furtivismo en las zonas de producción marisquera que se encuentran actualmente cerradas por contaminación de biotoxinas, y así evitar que se comercialicen productos que no cumplen con los mínimos requisitos sanitarios y que suponen, además, una competencia desleal para los mariscadores que sí cuentan con las preceptivas licencias y actúan dentro de la legalidad.
En el primer encuentro de esta mesa de trabajo, celebrado esta semana, los asistentes decidieron que se actuará en el marco del Plan de Inspección "ya creado y en marcha", con actuaciones "concretas y periódicas" que se ejecutarán "de forma coordinada e inmediata" por parte las administraciones.
Así, cada administración aportará sus servicios y efectivos para controlar tanto las zonas en las que se realiza la actividad extractiva como el resto del proceso de comercialización y venta ambulante.
Todas las actuaciones, que se pondrán en marcha de forma "escalonada", partirán de la iniciativa de la Junta --que coordinará desde el Servicio de Inspección Pesquera-- y contarán con el apoyo de la Subdelegación del Gobierno en Cádiz.
Dichas actuaciones pasan por el control de las zonas de producción, las actuaciones de las fuerzas de seguridad, las incautaciones de marisqueo ilegal, las inspecciones pesqueras y en locales, las campañas de concienciación o las sanciones.
La mesa de trabajo coincidió en que el problema del marisqueo furtivo no solo supone "un agravio" para los mariscadores legales, sino que, además, las faltas de control pueden derivar en la venta ambulante de productos "contaminados por una biotoxina que pondría en riesgo la salud pública".
En este sentido, la Junta de Andalucía también recuerda a la ciudadanía el "riesgo" que conlleva comprar coquinas y otros productos fuera de los cauces legales.
