La entrada del año 2023 trajo consigo la implantación de un nuevo
impuesto, el de depósitos de
residuos en vertederos, y serán los
ayuntamientos los que mayoritariamente tendrán que
asumirlo. Su gestión fue objeto de un encuentro informativo organizado por la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (
FAMP) y fue donde el actual presidente de la
Mancomunidad de Los Alcores, Gabriel Santos (alcalde de El Viso), reconoció las
dificultades que tendrá el organismo para gestionar ese impuesto y que, por ahora, tendrán que
calcular a los ayuntamientos con el doble pesado, es decir, con lo que entre en planta y lo que finalmente se tire a vertedero.
Santos explicó que la
situación que atraviesa la Mancomunidad de Los Alcores, cuyo medio
centenar de irregularidades es objeto de investigación contable por parte del
Tribunal de Cuentas, les ha obligado a centrarse más en
aspectos “organizativos”, finalizando la
reversión de aquellos
servicios que estaban prestando (entre ellos, el de recogida de basuras) y que el trabajo se centre en la gestión de los residuos.
“La planta está
obsoleta y
no se presta un
tratamiento adecuado”, reconocía el alcalde de El Viso sobre la
planta de Montemarta-Cónica, que gestiona y
en prórroga forzosa Aborgase desde 2016, por lo que en estos momentos se centran en
redactar el nuevo pliego de la concesión administrativa que les permitiría contar con una planta de tratamiento “moderna”.
La entrada en vigor del
impuesto de residuos a vertedero les ha cogido en una
situación administrativa complicada, y “por ahora” van a optar por el “
doble pesado” en las instalaciones, que como explicaron los técnicos en intervenciones anteriores, se refiere al
control del volumen de cada ayuntamiento en
planta y un
segundo pesado de lo que se lleve finalmente a
vertedero.
Coste para los municipios
El
coste que pagarán los
ayuntamientos, como dejó claro la
secretaria general de la FAMP, Teresa Muela, será de
30 euros por tonelada si el residuo está tratado previamente y de
40 si no hay tratamiento previo.
Por parte de
Lipasam, Lucrecio Fernández, anunció que la propuesta que va a realizar formalmente el Ayuntamiento de Sevilla a la Mancomunidad de Los Alcores es pagar
30 euros, es decir, que lo que llegue de la ciudad
procedente del contenedor gris sea considerado como
residuo tratado.
Para Fernández, hay que abonar “
en función del volumen” del residuo pero también “
lo que la planta es capaz de reciclar”, por eso puso especial énfasis en destacar la importancia de
dos aspectos, el preventivo, es decir, la
colaboración del ciudadano a la hora de reciclar, y el “
cómo recogemos”, donde situó la “
verdadera revolución”, puesto que hay que ser
“más eficaces y más eficientes” en la reestructuración de las rutas, en el sistema de contenedores o en la categorización de residuos.
“
Se ha duplicado la recogida selectiva de residuos”, decía Fernández coincidiendo con Marisa Gómez, la delegada municipal de Limpieza, asegurando que el “
enorme campo de mejora” que hay está muy ligado a las
nuevas inversiones que se realicen.
De hecho, este es uno de los aspectos más importantes que se destacaron a lo largo de la jornada, la necesidad de que ese
impuesto, que actualmente ha traspuesto la Junta en sus presupuestos tras su entrada en vigor, con una estimación de recaudación de
94,6 millones en tres trimestres, sea
finalista para que
revierta en la recogida de residuos, como lleva insistiendo la FAMP desde que se anunció el impuesto.
Maximizar opciones
Muela advertía que el tributo “supondrá un
mayor coste de gestión de los residuos municipales para las
entidades locales, por lo que, si desean minorar dichos costes, habrán de
incentivar la recogida separada de residuos y maximizar al máximo las opciones más favorables de gestión de los residuos conforme al principio de jerarquía de residuos:
prevención, preparación para su reutilización, reciclado y valorización”.
“Recordemos que este es un
impuesto medioambiental y que su
finalidad no es meramente recaudatoria, sino
conductual, por lo que sus objetivos sólo pueden alcanzarse
invirtiendo en infraestructuras que nos permitan
reducir y minimizar la cantidad de residuos municipales que depositamos en
vertederos o incineramos”, aseguraba la delegada municipal de Hacienda,
Sonia Gaya en su intervención inicial.
I+D+i y subvenciones
La
clave, sin embargo, la puso Alejandro Rodríguez, consultor de
Prezero, quien consideró que en esta fase inicial es
fundamental la colaboración público-privada para “
acompasar los tiempos”, de forma que se puedan
acondicionar las instalaciones y mejorar los tratamientos de residuos.
“Hay que buscar siempre
la mejor técnica disponible, para cada residuos y para cada subproducto”, decía, aunque consideraba básico que se segregara bien en origen para conseguir el objetivo de reducir al 10% lo que entra en vertedero, es importante
la I+D+i para mejorar las técnicas y acceder a subvenciones, vía Next Generation por ejemplo para proyectos tractores que “
equilibren el coste de tirar al vertedero, que hasta ahora era lo más barato”.
Entre las intervenciones también destacó la de
Francisco Peula, de la
ONG Rethinking, quien estimó en
500 millones las necesidades de nuevas infraestructuras de tratamiento de residuos en Andalucía, a los que consideró que deberían ir la recaudación de ese impuesto.
Peula también puso el énfasis en la nueva
Ley de Economía Circular que se está debatiendo en estos momentos en el Parlamento de Andalucía y en la oportunidad que supondría
considerar que la gestión de los residuos sea un nuevo sector económico de futuro e importante.
Las conclusiones
Según resaltó la FAMP, las
conclusiones de esta jornada han sido, entre otras, que “
este impuesto tiene un carácter censal”, con el objetivo fundamental de que se contamine menos, o al menos que pague más quien más lo hace. Pero durante la sesión, también, han surgido dudas razonables sobre quién es finalmente el
sujeto pasivo de este impuesto, o cómo debe
liquidarse en cada caso esta tasa. Donde sí hubo más coincidencias por parte de todos los participantes asistentes, ha sido en la conclusión de que “
este impuesto debe tener un carácter finalista”, tal y como ha reivindicado la FAMP.
Ese carácter finalista implicaría que lo recaudado tiene que
revertir en las inversiones necesarias para mejorar las infraestructuras para la gestión de residuos en general y en este proceso deben tener un papel protagonista las entidades locales. También hubo coincidencia en la necesidad de
conciliar las actuaciones por parte de los tres niveles de la administración,
estatal, autonómica y local, así como por parte de los a
ctores privados que participan activamente en esta industria.