Ecologistas en Acción ha criticado duramente que Minera Los Frailes y la Junta de Andalucía pretendan hacer creer que el agua procedente de los pasivos mineros de Aznalcóllar y que se verterá al Guadalquivir es “casi potable” cuando a su juicio lo que pretende la empresa es tener “un aliviadero” durante los 17 años del periodo de explotación ante posibles futuros vertidos tóxicos, lamentando “el desprecio a la legalidad ambiental” no sólo del Grupo México adjudicatario, sino también de Cobre Las Cruces y de la propia Junta.
La asociación ya ha anunciado, tras conocerse que la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul ha aprobado la Autorización Ambiental Unificada (AAU) del proyecto de apertura de Mina Los Frailes en Aznalcóllar, que estudiará el documento con la idea de recurrirlo.
Isidoro Albarreal, responsable de Minas de Ecologistas en Acción, ha cuestionado la “falta de rigurosidad” del consejero de Industria, Minas y Energía, Jorge Paradela, dando a entender que el vertido de aguas desde las cortas de Aznalcóllar, que almacena los pasivos ambientales del desastre de Boliden, y Los Frailes, es “casi potable” y aportando datos, como que se harán 15.000 análisis, que no se corresponden ni con los ofrecidos por la empresa, que recoge que se harán 1.116 controles al año.
“¿Alguien se cree que el agua de Minera Los Frailes es casi potable?”, se preguntaba Albarreal, apuntando que si así fuera, se reutilizaría en la propia mina, para el riego o se vertería en la presa del Agrio, concluyendo que lo que quiere la empresa es “tener durante 17 años” una tubería desde Aznalcóllar a Guadalquivir que les garantice un “aliviadero” ante posibles vertidos tóxicos futuros.
Albarreal ha apuntado que Minera los Frailes “incumple sus obligaciones ambientales desde 2015”, cuando debió hacerse cargo de la depuradora que trataba las aguas ácidas de la corta de Aznalcóllar y la de Los Frailes, pero “la cerraron y nunca la abrieron”, dejando que suban los niveles “para decir que hay que abrir la mina”, puesto que la concesión minera está ligada a la gestión de los activos ambientales.
También ha apuntado que la empresa trató de cambiar la titularidad de la depuradora pero hubo un informe desestimándolo y, aprovechando el cambio legislativo que, como ocurrió en Cobre Las Cruces, obligaba a dejar de verter en dominio público hidráulico (río Agrio en Aznalcóllar y arroyo Garnacha en CLC) para pasar a público marítimo-terrestre (Guadalquivir), presentaron el proyecto de la tubería que vertería al río, “donde los parámetros de vertido son más laxos”.
De hecho, Ecologistas ha vuelto a insistir en la necesidad de que se realice un estudio “científico y riguroso”, que no se ha incluido enel proyecto, sobre el impacto de los vertidos de ambas explotaciones mineras, Minera Los Frailes y Cobre Las Cruces, en el Guadalquivir, aunque tenga mareas y las masas de agua sean mayores que pudieran diluir más la toxicidad.
Albarreal anunciaba que, en el caso de que se diera vía verde a la Autorización Ambiental Unificada (AAU) a Minera Los Frailes, Ecologistas la recurrirá tras estudiarla, especialmente por el “desprecio a la legalidad” con la que se está actuando, más con Minera Los Frailes y la depuradora. “La responsabilidad era de ellos pero también de las administraciones”, tanto de la Junta que otorgó los derechos mineros como de la CHG por no controlar los vertidos a la cuenca del Guadiamar.
Además, ha cuestionado que el proyecto no contemple un plan de emergencia exterior de las cortas, cuando a su juicio una de ellas seguirá siendo utilizada como balsa de lodos “encubierta”, considerando el depósito de lodos mineros de la corta de Aznalcóllar como “labores de restauración minera, durante 17 años, para eximir de esa forma a Minera Los Frailes de sus obligaciones de mantenimiento de la seguridad”.
Albarreral ha reconocido que Ecologistas en Acción, lo que querría, es que “no se abra la mina”, apuntando que hay otros proyectos y actividades en la zona que podrían crear mucho empleo, entre ellos la gestión de los propios pasivos mineros o las 10.000 hectáreas de monte público de esa área.
En cuanto a Cobre Las Cruces, Ecologistas ha recordado que la empresa pretende “burlarse” de la ejecución de dos sentencias firmes, que anulaban la autorización de dos escombreras, incluidas en el nuevo proyecto de minería subterránea y refinería polimetálica (PMR), y el plan especial para recalificar los terrenos de su nueva planta de beneficio que incluye el PMR.
Además, ha recordado que están “en su última fase de pruebas documentales y periciales”, los tres recursos contenciosos que han presentado contra las principales licencias del proyecto, la Autorización Ambiental Unificada (AAU), por el incremento aguas del acuífero utilizadas; la Autorización Ambiental Integrada (AAI) de la planta de beneficio por sus vertidos al Guadalquivir; y contra la propia autorización minera de la actividad.
