La vicesecretaria de Empleo y Economía del Partido Popular andaluz (PP-A), Carolina España, ha trasladado al presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, que "ha llegado la hora de las responsabilidades políticas" por la trama de expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos tramitados con fondos autonómicos. Además, ha exigido a Izquierda Unida (IU), socio de gobierno del PSOE en el Ejecutivo autonómico, que "no siga actuando como un cómplice silencioso".
Así, ha incidido en que cada día que pasa "se estrecha más el cerco en torno al presidente de la Junta de Andalucía", a quien ha pedido que no siga "con la estrategia del avestruz" ya que está "desaparecido". En este sentido, se ha preguntado "qué callan" los consejero de IU en el Gobierno andaluz "y cuánto nos está costando su silencio".
"Izquierda Unida está demostrando tener muchas tragaderas y vamos a ver hasta dónde están dispuestos a aguantar a cambio del sillón y a cambio de los coches oficiales", ha apostillado la dirigente andaluza del PP en rueda de prensa en Málaga.
También se ha referido a la vinculación realizada entre los ERE fraudulentos y CCOO y UGT y ha afirmado que los responsables de estos sindicatos "deberían dar explicaciones cuanto antes". Es más, ha reclamado saber si el dinero de los expedientes fraudulentos "ha acabado en las sedes de CCOO y UGT o ha financiado movilizaciones y campañas".
"Queremos saber qué hay dentro del triángulo de corrupción entre el PSOE, la Junta y los sindicatos en torno a los ERE fraudulentos, la mayor trama de corrupción en la historia de la democracia en la región", ha recalcado la 'popular'.
A su juicio, estos últimos acontecimientos que vinculan a los dos sindicatos mayoritarios "dan otra vuelta de tuerca al que, por desgracia, se ha convertido en el mayor caso de corrupción en Andalucía", ha reiterado, al tiempo que ha lamentado que el dinero que debía ir destinado a los desempleados "volvía a los bolsillos de altos cargos de la Junta".
España se ha referido a que la jueza Mercedes Alaya y la Guardia Civil "hablan de organización criminal, de negocio bilateral, de sobrecomisiones y apuntan a que el dinero defraudado de todos los andaluces estaba alimentando una red clientelar con fondos públicos, permitida por la autoridad pública, por los señores de la Junta de Andalucía".
