Un total de 27 inmuebles --incluidas viviendas, garajes o locales comerciales--, además de obras de arte, acciones en empresas participadas, coches y muebles, pertenecientes a Contsa Corporación Empresarial, sociedad declarada en concurso, se subastarán este lunes en Sevilla por orden del Juzgado de lo Mercantil 1, tras ser propuesto por los administradores concursales.

   Ante esta situación, fuentes de los acreedores ordinarios de Contsa, que llegaron a presentan dos propuestas de convenio de acreedores, se muestran "absolutamente engañados, desamparados y defraudados", toda vez que "se llega a la liquidación de todos los activos de la empresa y los pequeños acreedores no van a recibir ni un euro".

   La subasta tendrá lugar este lunes en una notaría del centro de Sevilla y en la misma los precios de salida de los diversos bienes tendrán un descuento del 50 por ciento sobre su valor de mercado, según aparece la página web 'subastacontsa.es'.

   Fuentes de los acreedores han efectuado balance desde que el 20 de febrero de 2008 el titular del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Sevilla declarara en concurso necesario al deudor Contsa Corporación Empresarial, de forma que "pasamos de tener expectativas por cobrar lo que nos debían a sentirnos engañados, porque los tres administradores concursales no han hecho nada por poner en valor los activos y bienes".

   De esta forma, consideran, en declaraciones a Europa Press, que "al final de todo el proceso los pequeños acreedores no cobraremos nada ni un euro, y nos sentimos absolutamente defraudados, porque la finalidad de un concurso de acreedores se supone que es proteger los intereses de los acreedores y aquí no se ha cumplido".

   Han recordado que existen dos tipos de acreedores, las entidades financieras, unas 15, con garantías hipotecarias "que no vieron peligrar sus derechos de crédito y no perdieron esos derechos, solo los vieron retrasos en el ejercicio de sus derechos durante un año", y, por otro lado, los acreedores ordinarios "que no tenemos protección de nuestros derechos", y que son unas 1.700 personas, de las que 900, el 70 por ciento, suscribieron las dos propuestas de convenio presentadas ante el juez y rechazadas por éste "a petición de los administradores concursales".

   De esta forma, lamentan que "al final del proceso nos vemos abocados a la liquidación, pero no tanto por la situación de la empresa sino por la actitud de la actividad concursal, que lo primero que hizo fue paralizar la actividad de la empresa".

   Así, tras recordar que Contsa "tenía dos actividades, una inmobiliaria, de compraventa de inmuebles y arrendamientos, y ajena a cualquier conflicto; y otra actividad financiera", las fuentes de los acreedores ordinarios han indicado que en julio de 2008, en el informe provisional del juzgado, "los activos quedaron paralizados, se paralizó la actividad de la empresa y venía predeterminada la liquidación de la sociedad".

   En ese sentido, han recordado que "en julio de 2008 la administración concursal valoró los activos en 54 millones y había 18 millones de euros de pasivo en aquel momento, por lo que se podrían haber liquidado ordenadamente los activos y se podría haber empleado la fórmula de dación en pago para los grandes acreedores --bancos-- y después pagar a los pequeños, recibiendo los acreedores ordinarios unos 30 millones de euros, lo que hubiera supuesto el 40 por ciento de nuestra deuda".

   "Si la administración concursal hubiera actuado diligentemente, se hubiera podido repartir entre todos, pero no se hizo, y a día de hoy esos activos no existen, han desaparecido o se han devaluado", se lamentan las fuentes.

   Lamentan que "en todo este procedimiento los únicos que han cobrado han sido las entidades financieras". "Nos sorprende que sea el único concurso en el que la administración concursal no ha pedido amparo al juez, se ha permitido que las entidades financieras insten los procedimientos de ejecución, por lo que se han perdido los activos que estaban hipotecados y aportados en garantía y las entidades financieras han seguido reclamando su deuda a la empresa", de manera que "el balance es que las entidades financieras se han quedado con los inmuebles hipotecados en garantía y además ha habido que entregarles más inmuebles". Así, aseguran que "los bancos han cobrado de media un 140 por ciento de sus deudas, han cobrado lo que se les debía más la demora o los intereses, esto es, la deuda de los bancos ha sido, en vez de 18 millones de euros, ha llegado a 40 millones".

   "Solo han cobrado los bancos, junto a la tasadora y los administradores concursales, mientras que los acreedores ordinarios no hemos recibido un céntimo", han aseverado las fuentes quienes además apuntan que "los activos se han ido deteriorando y devaluando, como pasan con los coches, donde incluso en algunos faltan piezas, por lo que ahora cuando se subasten habrán perdido valor".

UN TOTAL DE 1.7000 FAMILIAS QUE "NO COBRARÁN NI UN EURO"

   Para los acreedores ordinarios, "este es el primer caso en la historia de los procedimientos concursales en España en el que los acreedores presentan dos convenios, avalados por el 70 por ciento de ellos, y el juez los rechaza".

   Han recordado que los acreedores ordinarios "son 1.700 familias que se han visto privadas de sus ahorros de toda la vida, y nadie ha amparado  ni protegido sus derechos en este proceso concursal, donde no vamos a cobrar ni un céntimo de lo que se nos debe".

   Asimismo, han aludido a un informe de la tasadora Tinsa "donde se hablaba de que los bienes e inmuebles eran susceptibles de ser arrendados, pero el administrador concursal no los ha alquilado".

   "Estas familias están desamparadas, sometidas al capricho de la administración concursal y no ha habido ni un juez que haya velado por los intereses de los acreedores ordinarios", se han lamentado los acreedores, quienes apuntan que "cinco años después de instarse el concurso, la empresa se va a liquidar y no se ha pagado nada a los pequeños, mientras que los tres administradores concursales han cobrado honorarios por valor de cerca de tres millones de euros, a pesar de que en cinco años éstos no han puesto ni un solo inmueble en arrendamiento y no se han preocupado de que los activos se deterioren".

   Consideran que "juez y administradores concursales nos han tomado el pelo y al final éstos han hecho bueno a José Salas" y advierten de que "con lo que se va a subastar ya no queda nada".

   "Lo que se va a subastar se va a vender a precio de chatarra y quincalla y después de cinco años no vamos a ver ni un céntimo", se lamentan los acreedores pequeños, quienes consideran que "eso en manos de un gerente no pasaría, pero ha existido una actuación negligente de la administración concursal que no ha protegido los intereses de los acreedores; no se ha tomado ni una sola medida en beneficio de los pequeños".