La juez Mercedes Alaya ha enviado a la Fiscalía un auto en el que pide que se pronuncie sobre si la Audiencia Nacional es competente para investigar el caso Madeja, relativo al cobro de comisiones por parte de la empresa Fitonovo a cambio de servicios y contratos públicos.
La Operación Madeja derivó, en su tercera fase, en la operación Enredadera, con extensión en doce provincias y que se concluyó el pasado 11 de noviembre con 32 detenciones.
Fuentes judiciales han explicado a Efe que la petición de Alaya es un trámite previo antes de decidir su inhibición total o parcial del caso en favor de la Audiencia Nacional.
La Operación Madeja comenzó en julio del 2013 por presuntos cobros de comisiones por parte de políticos, funcionarios y técnicos de la empresa Fitonovo, con sede en Sevilla, a cambio de la adjudicación de servicios y contratos públicos, tuvo una segunda fase en diciembre del mismo año y acabó en noviembre pasado.
La juez levantó el secreto del sumario del caso el 28 de noviembre pasado, tras lo cual los más de medio centenar de imputados -a los que pide fianzas de responsabilidad civil que superan los 42 millones de euros- pudieron consultar los 7.512 folios del sumario.
Alaya define a Fitonovo como una "organización criminal jerarquizada" que se extendió por todo el país pagando sobornos a políticos y a técnicos para obtener contratos públicos, y aseguró que al PSOE le pagó 123.000 euros en mordidas entre el 2006 y el 2009 a cambio de los favores en la adjudicación de contratos.
Los pagos, según Alaya, se sucederían entre los años 2006 y el 2009 en diferentes cantidades que oscilarían entre los 3.000, 30.000 y 60.000 euros, y que figurarían en la Caja B de Fitonovo con la denominación "Langostinos Maera".
En uno de los autos contenidos en los 21 tomos del sumario, la juez precisa que el dueño de la empresa, Rafael González Palomo, su hijo, un adjunto a la dirección y el comercial Juan Andrés Bruguera, el único que queda preso en esta causa, formaban "la dirección de una organización criminal".
Para contratar con las administraciones de todo el país, actividad que comenzaron en 1995, "acudían habitualmente a prácticas de corrupción", dando comisiones ilegales o regalos para lograr las adjudicaciones, haciendo menos trabajos de los facturados o acudiendo a "prácticas de corrupción del propio mercado", según la juez.
Los regalos eran muy variables, desde el más bajo, una noche de hotel por 81 euros, hasta comisiones periódicas que sumaron un millón de euros, pasando por material informático, móviles, caviar, viajes o incluso un equipo de lavado a presión, obras en viviendas particulares o la limpieza de un piso por 220 euros.
El dueño de Fitonovo reconoció algunos sobornos tras las primeras detenciones de la Operación Madeja en julio del 2013 y en su primera declaración precisó que "las comisiones, desgraciadamente, se pagan de forma habitual".
Izquierda Unida, según la juez, habría recibido otros 155.000 euros en dos pagos, uno de 70.000 euros realizado el 30 de marzo del 2010 y que fue entregado en una caja de zapatos, y otro de 85.000 euros que se pagó el 18 de febrero del 2011.
La Guardia Civil afirma en sus indagaciones sobre la Operación Madeja, que el exjefe de Parques y Jardines de Sevilla Francisco Amores, pidió a los dueños de la empresa 350.000 euros, de los que una parte irían a ayudar al PP en la campaña electoral.
Este funcionario, que estuvo preso, aseguró en una conversación telefónica intervenida por la Guardia Civil que guardaba en una caja de seguridad de un banco documentos que podían perjudicar al alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido (PP).
Cuando se supo este extremo, Zoido solicitó, en un acto de conciliación previo a una querella por calumnias e injurias contra Amores, que rectificara las afirmaciones "contra su honor" difundiendo un comunicado a todos los medios.
