Los líderes sindicales de la Diputación de Sevilla han saludado este jueves el levantamiento provisional de la suspensión acordada sobre el premio a la constancia, el premio a la jubilación ordinaria y el modelo retributivo del personal en situación de superior categoría, acuerdos laborales todos ellos censurados por un informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas de Andalucía.

   En declaraciones a Europa Press, Manuel Barros (UGT), uno de los portavoces de la plantilla, ha explicado que los sindicatos con representación en la institución; UGT, CCOO, USO, Ustea y SAT/SAB, acogen con "base de buena fe" el acuerdo alcanzado para detener provisionalmente la suspensión de los citados conceptos retributivos, explicando que dicha decisión afectaba a la práctica totalidad de la plantilla de la institución, formada por casi 1.600 trabajadores.

   No obstante, Barros ha recordado que una vez levantada provisionalmente la suspensión de estos tres conceptos retributivos, "ahora queda la negociación" destinada a lograr una solución acorde con las observaciones de la Cámara de Cuentas de Andalucía, que ha censurado especialmente estos conceptos.

   Recordemos que la suspensión del premio a la constancia, el premio a la jubilación ordinaria y el modelo retributivo del personal en situación de superior categoría, recogidos en el acuerdo de funcionarios y el convenio colectivo de la institución provincial, deriva de un informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas de Andalucía sobre el ejercicio 2012 de determinadas áreas de la Diputación.

EL INFORME DE LA CÁMARA DE CUENTAS

   Según dicho informe, tales aspectos "conculcan la normativa vigente", aviso que desencadenó pronunciamientos de la Intervención y la Secretaría General de la Diputación en el sentido de no avalar las nóminas de enero de no ser corregido tal extremo, según defendía el Gobierno provincial socialista a la hora de suspender el pasado mes de diciembre los citados acuerdos laborales para no incurrir en "prevaricación". Además, se acordó conformar una comisión técnica destinada a corregir las incidencias en cuestión, que abarcaban además las materias de subvenciones o transferencias, entre otras.

   Ante dicha medida, las fuerzas sindicales ya celebraron una fuerte protesta el pleno ordinario de diciembre, denunciando además ante la Fiscalía por presunta prevaricación, falsedad documental, amenazas y coacciones al presidente de la institución provincial, Fernando Rodríguez Villalobos (PSOE), y todos aquellos diputados socialistas que apoyaron en el pleno la suspensión de los citados acuerdos laborales.

   Ya este jueves, el pleno ordinario de enero ha comenzado marcado por una intensa ofensiva de los sindicatos, que han movilizado a la plantilla con una concentración a las puertas de Diputación, otra concentración en el patio del edificio y un nutrido grupo de empleados abarrotando el propio salón de plenos con letreros reivindicativos. Excepto en el interior del salón de plenos, los trabajadores han tocado bocinas, sirenas, tambores e incluso un claxon, de tal modo que han eclipsado la sesión plenaria y la propia jornada de la institución.

"TROPELÍA A LA PLANTILLA"

   Manuel Barros, en ese sentido, explicaba que este conflicto deriva de "la mayor tropelía que se ha hecho sobre la plantilla en toda la historia de la Diputación", criticando que el Gobierno provincial socialista haya "aplicado un descuelgue del convenio colectivo sin negociación previa". Así, exponía que los sindicatos habían formulado un "recurso de reposición" solicitando la "anulación de pleno derecho" de la suspensión de los citados acuerdos laborales o "como poco" la paralización "eventual" de la medida para "sentarnos a negociar" cómo solucionar la situación.

   En paralelo, IU-CA y Participa Sevilla promovían una moción conjunta demandando la adopción de las medidas "cautelares" que solicitaban los sindicatos para emprender una negociación al objeto de solucionar el conflicto. El Grupo socialista, que goza de mayoría absoluta, ha aceptado apoyar esta moción, aunque con una enmienda gracias a la cual el pleno, por unanimidad, ha acordado levantar la suspensión de los mencionados acuerdos laborales "hasta el 31 de marzo".

   El acuerdo alcanzado, en ese sentido, determina que si al expirar dicho plazo no media acuerdo entre la Diputación y los sindicatos sobre el destino de tales premios laborales, los mismos "quedarán suspendidos (de nuevo) sin más trámite", implicando el acuerdo la retirada de la denuncia ante la Fiscalía y el recurso de reposición promovidos por los sindicatos.