La juez de instrucción 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, ha enviado por segunda vez al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) la pieza del caso Mercasevilla en la que está investigado el diputado andaluz Carmelo Gómez (PSOE) por el cobro de 8.390,55 euros en un contrato que podría ser simulado.
En la exposición razonada enviada al TSJA, a la que ha tenido acceso Efe, la juez considera que existen indicios de que el parlamentario cobró el dinero en el 2007 a través de un contrato firmado con una empresa del "conseguidor" Juan Lanzas que no respondía a actividad real, Maginae Solutions SL.
El dinero cobrado procedía de fondos de Mercasevilla, que se habrían abonado mediante el pago de facturas por trabajos no realizados, según la instructora.
Para ello, añade la juez, Lanzas y el ex director general de Mercasevilla Fernando Mellet actuaron en connivencia mediante la emisión de cuatro facturas, a través de las cuales se obtendrían los fondos para pagar a los trabajadores contratados indiciariamente de forma simulada en las empresas dirigidas por el "conseguidor".
La juez entiende que Gómez, junto a otras seis personas acusadas en este caso, entre ellos Mellet y Lanzas, habrían cometido los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y falsificación de documento mercantil.
En noviembre pasado, la juez remitió el caso al TSJA porque existían "indicios racionales de criminalidad" respecto al diputado y por tanto aforado, aunque en enero se lo devolvieron para que concretara los hechos que imputaba al parlamentario, y ahora, tras varias declaraciones, la instructora le envía de nuevo la causa.
En la exposición razonada, la juez también incluye al exconcejal de Sevilla José Antonio García (PSOE), al cuñado del "conseguidor" Ismael Sierra; a Carmen Rodríguez, nuera del exdelegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas, y al gestor José Rodríguez López.
La juez pide que la Sala de lo Penal del TSJA investigue los hechos que afectan tanto al aforado como a las personas imputadas no aforadas, al considerar que no es posible tramitar por organismos diferentes la causa del parlamentario y del resto de acusados.
Gómez, de 48 años, secretario de Formación y Nuevos Afiliados del PSOE-A y presidente de la comisión de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del Parlamento autonómico, estuvo dado de alta en la sociedad Maginae Solutions SL durante 133 días del 2007, entre el 22 de marzo y el 1 de agosto, precisa la juez.
En ese periodo cobró 4.705,85 euros en concepto de empleado por cuenta ajena en general y 3.684,7 euros por rentas exentas y dietas exceptuadas de gravamen, según la juez, que continúa una investigación iniciada por su antecesora en el juzgado, Mercedes Alaya.
Los indicios contra Gómez están refrendados por la documentación aportada, la actividad objeto de la contratación y el pago del salario, según señala la juez antes de indicar que los investigados guardaron silencio en sus comparecencias judiciales, "en especial los responsables de las empresas en las que se supone que estuvo trabajando".
En Maginae Solutuions se contrataba personal sin trabajo y sin objeto de prestación alguno, y el parlamentario recibió un dinero que "presumiblemente" procedía realmente de Mercasevilla y no de la empresa del "conseguidor", añade la instructora.
