La sede central de la empresa sevillana Ayesa Ingeniería es una de las empresas que están siendo registradas por orden del juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, que ha ordenado este martes nuevos registros en el marco del caso del 3 por ciento, sobre la supuesta financiación irregular de Convergència Democràtica de Cataluña (CDC), por posibles amaños en concursos para adjudicaciones públicas de la Generalitat de Cataluña, según han informado a Europa Press fuentes policiales, que habían informado que una parte de los registros citados se están llevando a cabo en la provincia de Sevilla.
Según han confirmado a Viva Sevilla, agentes de la Guardia Civil se han personado a primera hora de la mañana en la sede central de Ayesa Ingeniería, ubicada en la Isla de la Cartuja, registros que se han extendido también a la sede que posee la empresa en Barcelona.
Ante la presencia de la Guardia Civil en las instalaciones, la dirección de la empresa se ha dirigido a los empleados comunicándoles que "no se está llevando a cabo ninguna investigación sobre Ayesa ni sobre ninguno de sus empleados. Por el contrario, Ayesa está colaborando con la Guardia Civil, a petición del Juzgado correspondiente, en proporcionar información sobre terceros que haya podido llegar a Ayesa".
La Guardia Civil ha acudido este martes a buscar documentación a la sede de la Autoridad Catalana de la Competencia (ACCO) y de ocho empresas en una investigación que ha abierto el juez del caso del 3% para acreditar si estas compañías pactaron con la Generalitat para repartirse contratos de obras públicas.
Según han informado a Efe fuentes cercanas a la investigación, la operación se ha llevado a cabo en el marco de una nueva causa derivada del caso del 3 %, en la que el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata investiga a esta supuesta trama por los delitos de organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, financiación ilegal de partido político, blanqueo y malversación.
La investigación arranca de la documentación intervenida en 2015 en el registro de Infraestructures.cat, en el epicentro de la trama del 3 %, donde la Guardia Civil intervino correos electrónicos de una cuenta denominada "nuriabofill", con copia a empresarios del sector privado, que despertaron las sospechas de los investigadores.
Del análisis de estos correos, los investigadores infirieron la existencia de un pacto entre un grupo de empresas privadas con empresas públicas, como GISA, REGSA, ATLL o BIMSA, entre otras, para excluir de la adjudicación de obras, mediante la alteración de las ofertas, a las compañías que no formasen parte de este supuesto pacto ilícito.
De esta forma, las empresas vinculadas a este supuesto pacto habrían acordado con la Generalitat repartirse licitaciones, lo que ahora se trata de corroborar mediante la documentación requerida hoy a estas compañías y en la sede de la ACCO.
En concreto, según las fuentes, la Guardia Civil se ha personado en la sede de la Autoridad Catalana de la Competencia para que aporte la relación de sus actuaciones sobre el entramado de empresas supuestamente involucradas en esta trama por las adjudicaciones de concursos relativos a Gestión de Infraestructuras (GISA), Infraestructures de la Generalitat, Agencia Catalana del Agua, Regs de Catalunya, Consorcio de Aguas de Tarragona y Aigües Ter-Llobregat (ATLL).
"Se trata de una inspección domiciliaria que hicimos a empresas de ingeniería recientemente", ha explicado a Efe el director general de la ACCO, Marc Rialp, que ha precisado que la Guardia Civil podría haber tenido acceso a esta información mediante un escrito de requerimiento, pero que por causas que desconoce ha preferido hacerlo de forma presencial.
La Guardia Civil también ha acudido a buscar documentación en la empresa pública Infraestructures.cat, como órgano licitador y adjudicatario de expedientes bajo sospecha.
Los agentes también se han personado a la sede en Barcelona de las empresas Asociación de Empresas de Ingeniería y Consultoría Independientes de Cataluña (ASINCA), el GP Group SA, Audingintraesa SA, BAC Engineering Consultancy Group SL, Euro Geotécnica SA , Ayesa Ingeniería y DOPEC SL.
Además, el instituto armado ha requerido información en la central corporativa de la ingeniería vasca Sener, en Getxo (Vizcaya), sobre la participación de la compañía en la construcción del AVE en Cataluña.
En esta nueva línea de la investigación del caso del 3% se trata de aclarar un supuesto direccionamiento de contratos públicos de la Generalitat a favor de determinadas empresas de proyectos de ingeniería a través de Infraestructures.cat, según las fuentes.
Sistema para fijar las adjudicaciones
En los correos electrónicos que hicieron levantar las sospechas se constataba, según las fuentes, que se habría articulado un sistema para fijar los criterios de valoración para adjudicar contratos administrativos, que ponderaba la puntuación de la oferta técnica por encima de la económica, para beneficiar a la trama.
También se fijó un sistema de control de la media de las ofertas presentadas, que descartaba a las que no formaba parte de este supuesto pacto ilícito, según las fuentes.
A raíz de la documentación intervenida hoy en la sede de la ACCO y en las empresas bajo sospecha, los investigadores esperan acreditar que se celebraron varias citas entre empresarios y responsables de Infraestructures.cat y con figuras clave del caso del 3%, como el extesorero de CDC Andreu Viloca o el exconseller de Justicia Germà Gordó.
De hecho, según las fuentes, tras analizar el funcionamiento de este entramado los investigadores han concluido que la mayor parte de las empresas bajo sospecha formaban parte del pacto y recibieron correos electrónicos con instrucciones para adjudicarse los contratos.
Además, los investigadores no descartan que se pueda acabar identificando a un ente o político que coordinase las instrucciones de direccionamiento de contratos públicos y que, supuestamente, su objetivo fuera financiar irregularmente a Convergència Democràtica (CDC).
En este sentido, las fuentes apuntan a que esta nueva línea de investigación podría complementar el papel de Germà Gordó como "conseguidor" de contratación pública, que la Guardia Civil ya le atribuye en el caso del 3%.
