La Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por Emérita Resources España, contra la decisión previa del Juzgado de Instrucción número tres de denegar la práctica de nuevas diligencias de investigación en la causa relativa al proceso de adjudicación de los derechos de explotación del yacimiento minero de Los Frailes, en Aznalcóllar, a la agrupación empresarial México-Minorbis, según un auto emitido el pasado 6 de octubre y recogido por Europa Press.

Recordemos al respecto que en una providencia de fecha 13 de marzo, la juez instructora del caso, Patricia Fernández Franco, exponía a las partes personadas en esta causa que "teniendo en cuenta que no existen actualmente diligencias de investigación pendientes de practicar", era necesario "conferir traslado a las partes personadas y al Ministerio Fiscal por un plazo de diez días para alegaciones sobre el curso del procedimiento".

Tras ello, tanto Emerita Resources España como Andalucía Mining y Ecologistas en Acción solicitaron nuevas diligencias de diversa índole, mientras las representaciones de Minorbis, las diversas personas investigadas y la Fiscalía solicitaban el libre sobreseimiento de las actuaciones, por tercera vez.

DILIGENCIAS ARCHIVADAS EN DOS OCASIONES PERO REABIERTAS

Y es que tras la denuncia inicial de Emerita Resources España, que competía con el grupo México-Minorbis en el concurso promovido por la Junta de Andalucía para adjudicar los derechos de explotación del complejo minero de Aznalcóllar, por presuntos delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y fraude en la adjudicación de los derechos de explotación de la mina a dicho grupo, la juez instructora ha archivado dos veces las diligencias.

Empero, tras ser impugnadas ambas decisiones de archivo, la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla, en la que figura la juez Mercedes Alaya, instructora inicial de la trama de los expedientes de regulación de empleo (ERE) presuntamente fraudulentos, ha ordenado la reapertura de la investigación.

De cualquier modo, ante las nuevas diligencias reclamadas por Emerita Resources España, Andalucía Mining y Ecologistas en Acción, la juez instructora decidió en dos autos emitidos en junio y en julio denegar tales peticiones de nuevas diligencias porque como señalaba en uno de estos autos, recogido por Europa Press, "con carácter general, no resulta procedente la práctica indiscriminada de cualquier diligencia que, someramente, pueda de algún modo relacionarse con los hechos investigados, sin que se explicite de forma suficiente su trascendencia concreta respecto de los mismos".

El nuevo auto emitido por la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla analiza los recursos de apelación interpuestos por Emerita Resources España y Andalucía Mining contra el auto inicial de fecha 9 de junio, en el que la juez instructora denegaba la práctica de nuevas diligencias de investigación en la causa.

En su recurso de apelación, Emerita solicitaba especialmente incorporar el expediente sobre el vertido propuesto por la mercantil Minera Los Frailes, sociedad creada por la entidad adjudicataria de la concesión del yacimiento para la gestión de la misma, al río Guadiamar; así como que testificasen el presidente de la Confederación Hidrógráfica del Guadalquivir, Joaquín Páez Landa, y el jefe de Calidad de Aguas de tal entidad.

VERTIENTE MEXICANA

Andalucía Mining reclamaba en su recurso que se oficiase a la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada para que remitiera al juzgado instructor copia testimoniada de la totalidad de la comisión rogatoria realizada en 2018 por las Autoridades Mexicanas y sobre la totalidad de las diligencias que se hubiesen practicado, acerca de "supuestos pagos que Grupo México realizó a Magtel a través de Minorbis, que pudiera ser constitutivos de soborno".

Además, esta entidad pedía "la citación como investigada de la directora general de Minas de la Junta de Andalucía, Natalia González Pérez, que sucedió a María José Asensio Coto, en su calidad de posible "encubridora por el informe realizado por la misma de fecha 12 de abril de 2017"; así como que testificase una adjunta de dirección de la sociedad Magtel.

La Audiencia desestima el recurso de Emerita porque el asunto del vertido supone "una cuestión técnica, cuyo debate y conclusiones (...) puede contribuir a la demostración del presunto delito de prevaricación investigado", pero "la indiciaria acreditación de que dicha propuesta era contraria a las exigencias medioambientales y por ello a las propias exigencias de las bases del concurso, en tanto que no es necesaria para abrir la fase intermedia (del proceso judicial), no debe hacerse en esta fase procesal, sino en la del plenario".

Respecto al recurso de Andalucía Mining, la Audiencia desestima investigar a Natalia González, pues "no resulta acreditado que participara en la presunta adjudicación fraudulenta del concurso, de modo que la consideración a posteriori de que la resolución de adjudicación y la autorización de la aceptación de la adjudicación por entidad distinta son actuaciones administrativas válidas, partirían del principio de confianza en el buen funcionamiento de la Administración".

Sí acepta la Audiencia la documental solicitada respecto de la comisión rogatoria realizada por la Autoridad Mexicana a la Fiscalía Especial contra la Corrupción, pues "contiene datos que pondrían en evidencia que los hechos investigados en México guardarían una íntima conexión con el objeto de la presente causa".

Y es que "la referida autoridad mexicana, a cargo de la investigación que se estaba llevando a cabo en dicho país, comunicaba que el día 6 de enero de 2018 tuvo conocimiento o información de hechos que pudieran ser constitutivos de soborno relacionados con los contratos adjudicados por la empresa mexicana Grupo México para explotar la mina de Aznalcollar y refería indicios de que Grupo México pagó a una compañía española llamada Magtel, que actuaba a través de su filial Minorbis como intermediaria para la obtención de dichos contratos".