La Fiscalía ha elevado al Juzgado de Instrucción número diez de Sevilla, que indaga el brote de listeriosis surgido en 2019 por la carne mechada distribuida por la empresa Magrudis pese a estar contaminada con dicha bacteria, un escrito en el que pide continuar las actuaciones por presuntos delitos contra la salud pública y de defraudación del fluido eléctrico contra José Antonio Marín Ponce, dueño y administrador de hecho de dicha sociedad; su hijo y administrador único de la entidad, Sandro José Marín Rodríguez; su otro hijo Mario Marín Rodríguez; Encarnación Rodríguez Jiménez como esposa de Sandro José y la hermana de esta última, Isabel María Rodríguez Jiménez.
En paralelo, y a través de este escrito fechado el pasado 12 de abril y recogido por Europa Press, la Fiscalía no ve "acreditada" la participación en el supuesto delito contra la salud pública en el caso de los investigados Antonio Martínez León y su hermano Domingo como administradores solidarios de la empresa comercial bautizada con sus apellidos; de Federico Rodríguez Jurado como comercial para Magrudis y otras empresas cárnicas; de David Martín Muñiz como asesor financiero de Magrudis; de la inspectora veterinaria del Ayuntamiento de Sevilla María José Ojeda Barrera y del arquitecto Sergio Lorencio Gómez, contratado por Magrudis para la regularización de la actividad que ejercía desde años atrás.
Al arquitecto, eso sí, le achaca no obstante un presunto delito de falsedad en documento oficial junto con José Antonio Marín Ponce y Sandro José Marín Rodríguez, a cuenta de la declaración responsable presentada ante el Ayuntamiento.
Dado el caso, la fiscal ha pedido continuar las diligencias contra los primeros investigados, es decir los responsables de Magrudis y sus familiares; y el "sobreseimiento provisional" respecto a Antonio Martínez León y su hermano Domingo, Federico Rodríguez Jurado, David Martín Muñiz, María José Ojeda Barrera y Sergio Lorencio Gómez, aunque sólo parcialmente en este último caso porque se le atribuye el mencionado delito de falsedad en documento oficial, como ha sido indicado.
LA RESPONSABILIDAD CIVIL
En paralelo, la Fiscalía pide "seguir el procedimiento para determinar la responsabilidad civil" no sólo contra las personas físicas contra las que reclama continuar las actuaciones por los presuntos delitos señalados, sino contra las empresas Magrudis y su derivada Cárnicos Mario, contra sus empresas aseguradoras y contra el Ayuntamiento hispalense "por responsabilidad patrimonial derivada de funcionamiento normal o anormal del servicio público", dado el "deficiente control sanitario y de la licencia de actividad".
Todo ello por el mencionado brote empidémico del verano de 2019, que sumó más de 200 afectados, la muerte de cuatro de ellos tras consumir los productos contaminados con la bacteria Listeria monocytogenes y abortos en el caso de varias embarazadas.
Para la fiscal, "queda acreditado que los responsables de Magrudis conocían que realizaban un proceso de elaboración (de productos cárnicos) con deficiencias sanitarias riesgo grave o muy grave para los posibles consumidores en caso de comercialización", señalando expresamente el caso de un lote de productos "que dio positivo en Listeria monocytogenes el 22 de febrero de 2019 y había llevado Sandro José Marín a analizar como consecuencia de una intoxicación".
"LO OCULTARON DE FORMA DELIBERADA"
"No existe constancia de que los responsables de Magrudis retiraran el lote del mercado (...), manteniendo de esta forma su ocultación", expone la Fiscalía, según la cual los citados investigados "no pusieron los hechos en conocimiento de las autoridades sanitarias ni del Ayuntamiento de Sevilla ni de la Junta de Andalucía, desprendiéndose que lo ocultaron de forma deliberada".
Los informes técnicos, según la Fiscalía, reflejan que en las instalaciones compartidas entre Magrudis y Cárnicos Mario, así como en productos de las mismas como carne mechada, chicharrones, lomo al pimentón o lomo al jerez, fue "detectada la bacteria monocytogenes".
En el caso de la inspectora veterinaria del Ayuntamiento, la Fiscalía expone que la actuación del servicio en el que trabaja la misma "fue sin duda deficiente", precisando que la exención de responsabilidad que se solicita para la misma "deriva de una falta de medios del propio servicio de inspección y la sobrecarga de trabajo, por la escasa dotación de personal a la vista de sólo nueve veterinarios oficiales para todo el distrito de Sevilla".
"Con la frecuencia de las inspecciones con los referidos medios, es evidente que nunca podrá hacerse según las exigencias de la normativa sanitaria", indica la Fiscalía.
No consta que ella ni el arquitecto contratado por Magrudis, según la Fiscalía, conocieran "la presencia de positivo en Listeria ya en febrero de 2019, ni en los resultados que finalmente se produjeron", en alusión a las muertes y los abortos.
Respecto al arquitecto, eso sí, la fiscal señala que la declaración responsable que elaboró para la regularización de la actividad de Magrudis frente al Ayuntamiento contiene "multitud de deficiencias" más allá de "meros errores técnicos", porque planteaba "la situación más favorable para la legalización de la actividad a través" de dicho método que no implica control previo, cuando era "conocedor de que no procedía" tal mecanismo.
