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sociedad

El Gobierno canario matiza que Bruselas \"no entra a valorar el fondo\" del estudio de impacto ambiental de los sondeos

Ríos avanzó que el Gobierno canario volverá a activar las quejas presentadas ante la CE por la autorización a Repsol, \"haciendo especial hincapié en el voto particular suscrito por dos de los magistrados del Tribunal Supremo (TS)\"

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El comisionado del Gobierno de Canarias para el Desarrollo del Autogobierno y las Reformas Institucionales, Fernando Ríos, ha matizado este miércoles que la respuesta de la Comisión Europea (CE) sobre el estudio de impacto ambiental de los sondeos petroleros en aguas cercanas al archipiélago "únicamente traslada la opinión y posición del Gobierno de España al respecto y no entra a valorar el fondo del asunto".

   En este sentido, apuntó en un comunicado que la "supuesta" investigación que "dice haber abierto la Comisión Europea, tal y como refleja su propia respuesta al eurodiputado de Coalición por Europea Ramón Tremosa, concluyó" cuando el Gobierno central indicó que el proyecto "era objeto de una evaluación completa de impacto ambiental de conformidad con las disposiciones de la Directiva 2011/92/UE".

   De todos modos, Ríos avanzó que el Gobierno canario volverá a activar las quejas presentadas ante la CE por la autorización a Repsol, "haciendo especial hincapié en el voto particular suscrito por dos de los magistrados del Tribunal Supremo (TS)".

   Añadió que las prospecciones "vulneran hasta ocho directivas comunitarias, entre ellas, las de Hábitat, Aves, Hidrocarburos o Proyectos y Programas".

   Por otro lado, Ríos se refirió a la "soberbia" del Ministerio de Industria que, señaló, "impedirá que se tengan en cuenta las graves deficiencias" del procedimiento aunque espera que "esta vez sí contesten a las alegaciones formuladas".

   De todas formas, informó de que el Gobierno de Canarias recurrirá a los tribunales en caso de que el Ministerio rechace el recurso de alzada, ya que son los "únicos que pueden garantizar imparcialidad al proceso".

   Ríos subrayó que "la pasada sentencia del TS se pronunció sobre la autorización activada hace dos años pero que, en ningún caso, se ha manifestado en torno al procedimiento seguido por el Gobierno en ese tiempo".

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